Este acuerdo pretende pretende alcanzar la aplicación del principio diez de la Declaración de Río, en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia ambiental en América Latina. Además establece estándares mínimos y obligaciones en cabeza de los países parte para la garantía de estos derechos.“Costa Rica tiene el deber no solo de apoyar y ratificar el Acuerdo de Escazú, sino de buscar su correcta implementación conforme al liderazgo mundial que posee el país en materia de derechos humanos y medio ambiente”, indicó el PLN.
Para los liberacionistas, este acuerdo fortalecerá la transferencia y la rendición de cuentas a nivel ambiental, acuerdo en el cual Costa Rica tuvo un papel fundamental durante la negociación.
De conformidad con el artículo 21 del tratado, el período para la firma del Acuerdo de Escazú concluyó el 26 de septiembre de 2020, siempre y cuando sea ratificado por al menos de 11 de los 22 Estados que lo suscribieron originalmente. Hasta ahora, 23 países de América Latina y el Caribe ya lo firmaron y 10 lo ratificaron a través de sus Congresos.
Aquellos países que no lo han firmado dentro del plazo estipulado pueden hacerse Parte mediante la adhesión (procedimiento de paso único sin necesidad de firma). Los instrumentos de adhesión tienen los mismos requisitos y efectos jurídicos que la ratificación.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.
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