Tribunales condenan por primera vez a seis personas por defraudación a la Hacienda Pública

Imputados deberán cumplir sentencia de diez años de prisión

Monto defraudado asciende a los ¢349 millones

Redacción

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Por primera vez en Costa Rica, los Tribunales de Justicia condenaron a seis personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, cinco años por cada delito cometido.

Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al Fisco por un monto superior a los ¢349 millones, cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

Así lo informó Carlos Vargas, director general de Tributación, quien indicó que durante estos 16 años el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.

“Esta sentencia de los Tribunales de Justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al Fisco. Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador. Este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace de 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al Fisco”, destacó Vargas.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.

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