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Columna: Cerrar el Conavi y las Municipalidades


Por Lic. Johnny Soto Zúñiga
Abogado y notario

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Ante el escándalo de la aparente corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que salió a la luz pública en las últimas semanas; algunos han planteado la urgente necesidad de proceder con el cierre legal y técnico de esta Institución Pública. Se puede afirmar que perdió el norte de sus fines y objetivos dentro del marco de su naturaleza jurídica; el no ejercicio de los debidos controles internos y externos; que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos públicos producto del Fondo de la red vial nacional que pagamos todos los ciudadanos de este país; y que realmente existe una indignación general; al conocer los supuestos “despilfarros y sobornos” o coimas con las contrataciones administrativas del Estado.

Con la Ley N° 7798 de creación del Conavi se le otorgó personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo, es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su artículo 1 expresa: “La presente ley regula la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía, pares viales y puentes de la red vial nacional. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: Red vial nacional: conjunto de carreteras nacionales determinadas por el Concejo Nacional de Vialidad (Conavi), con sustento en los estudios técnicos respectivos.

Conservación vial: conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende todo lo que no alcanza a ser construcción de obras nuevas o variación sustancial de estándar de las existentes. Tampoco comprende las obras de restauración que se requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la presente ley como excepción. Dentro de la conservación vial pueden distinguirse las siguientes actividades: mantenimiento (rutinario y periódico), refuerzo, rehabilitación y mejoramientos puntuales.

Toda esta forma de ver el funcionamiento del Estado; lleva implícito la era moderna de la globalización y descentralización, apertura de mercados y monopolios, la libre competencia y eficiencia en todos los ámbitos; con la participación del sector privado en funciones que antes eran propias del MOPT; no obstante con los acontecimientos de aparentes hechos ilícitos con las contrataciones del Conavi con varias empresas privadas que ejecutaran la conservación vial; quedó al desnudo la falta de controles rigurosos que garanticen el buen uso de los fondos públicos y realmente se paguen el costo real, sin sobreprecios o inflándolos; lo que ha permitido que pocas empresas obtuvieran mucho dinero valiéndose de supuestas influencias sobre los funcionarios públicos encargados de la aprobación y controles que ejercían.

Lo anterior se realizaría con base en la Ley N° 7762 de Concesión de Obra Pública con servicios públicos a finales de la década de los 90s del siglo pasado; y que tenía como objetivo permitir que el Sector Privado fuera nacional e internacional pudiera invertir en obras públicas y en el mantenimiento vial. Hasta aquí estaba bien; no obstante los hechos descubiertos e investigados por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante alrededor de 3 años; y los supuestos hechos ilícitos de corrupción realizados en el Conavi; dejó al descubierto las falencias, debilidades en los controles dentro de la administración eficiente de los Fondos públicos destinados a obras y mantenimiento vial; incluso como se ha investigado permitió que solamente dos empresas: Meco S.A. obtuviera un 32,6% y H.Solís un 31,8% del total de 605.166 millones de colones adjudicados entre los años del 2014 al 2020.

En realidad parece increíble que se hubiera llegado a crear todo un esquema de colusión empresarial mediante una organización criminal como lo afirma el OIJ; para supuestamente favorecer a determinadas empresas; mediante toda clase de sobornos y coimas a funcionarios públicos; que ya están imputados dentro del Expediente Judicial. Este caso denominado por el OIJ como “Cochinilla”, ha causado una indignación total en el país. El negocio se concentró en “la conservación de carreteras”; ya que para la construcción de mega estructuras participan otras empresas nacionales e internacionales.

Las Municipalidades por Ley deben instalar las Juntas Viales Cantonales y los fondos serán ejecutados por la Unidad Técnica Vial Cantonal; no obstante sufren una serie de limitaciones con el tratamiento y coordinación con el Conavi. El Alcalde de Desamparados Gilberth Jiménez, ha planteado el cierre de este órgano; y considero que es una posibilidad que debe estudiarse; y que los recursos sean trasladados y ejecutados por los Municipios. Este es un tema que le corresponde estudiar a la Asamblea Legislativa de reformar las leyes correspondientes en la materia de la conservación vial. Indica el Alcalde Jiménez lo siguiente: “Tenemos un ejemplo de éxito con el programa del BID que promueve la creación de microempresas de mantenimiento vial, en el que son las mismas comunidades de la mano con su municipio y bajo estándares establecidos, las que ponen en ejecución proyectos de mantenimiento vial, por medio de los cuales no sólo se asegura la transparencia del uso de los recursos, sino que además se genera trabajo en las zonas de atención. En este tipo de modelos las asociaciones de desarrollo han demostrado tener capacidad para manejar estos proyectos de forma eficiente y transparente. Por ahora debe presentarse un proyecto que permita hacer la transferencia de los recursos de Conavi a las Municipalidades; esto sería lo más oportuno y así no se paralice las obras de mantenimiento vial; y sería fortalecer la descentralización del Estado a favor de los Gobiernos locales; que en realidad saben el estado actual de las calles locales y también las denominadas “nacionales” que atraviesan cada uno de los distritos pertenecientes a los cantones. Incluso se ha afirmado que existe una diferencia “abismal” de los precios que pagan las Municipalidades y de los que cancelaba el Conavi en cuanto al mantenimiento de las carreteras; esto también debe investigarse de manera exhaustiva y técnicamente.

Finalmente, ahora con cabeza fría se deben realizar todos los estudios técnicos y legales sobre el Conavi como órgano desconcentrado adscrito al MOPT; si en realidad se han cumplido los objetivos de su Ley; del porque se fallaron en todos los controles de parte de las Auditorías, la Contraloría General de la República que siendo la entidad que por Constitución Política le corresponde la fiscalización jurídico-presupuestario de la Hacienda Pública; como en este caso se falló tanto y se dejaron pasar esos controles sobre el funcionamiento del Conavi; al parecer se hizo caso omiso de Lananme que realiza estudios técnicos sobre las calles. En estos momentos de crisis tanto de la pandemia; como de los hechos acontecidos con los Fondos de la red vial; se deben obtener el mejor provecho para reformar, rectificar y modificar las leyes; para hacer eficiente y bien fiscalizadas nuestras Instituciones Públicas; en beneficio del país y de todos los que pagamos los impuestos.

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