LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas).- La Fracción del Partido Frente Amplio denunció que nueva alza de hasta ¢605 para rutas de bus no redundará en mejor servicio para el público. Se enfatizó la necesidad de contar con una ley que proteja derechos de personas usuarias frente a abusos y faltas.
El pasado 29 de
junio de 2022, las seis diputaciones frenteamplistas presentaron el
proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas
Usuarias de los Servicios de Transporte Público Remunerado que crea
un marco normativo coherente, ágil, eficaz y moderno para tutelar y
garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios
prestados por el CTP y regulados por la ARESEP (como autobús, tren
de pasajeros, taxi y otros similares).
La iniciativa elimina
duplicidades y vacíos institucionales que obstaculizan la protección
de los derechos de las personas usuarias; crea procedimientos
sencillos que aseguren una respuesta pronta y cumplida a las
denuncias; prioriza medidas preventivas y correctivas para el
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios y
garantiza la reparación integral y oportuna de los daños y
perjuicios causados a las personas usuarias.
La legisladora
Rocío Alfaro informó que la presentación de la iniciativa se
enmarca en el aumento tarifario de un 6,73% o hasta ¢605 en poco más
de cuatro mil líneas de buses recientemente decretado por la ARESEP
“a favor de las empresas autobuseras y que recarga en personas
usuarias el desbalance financiero que ha generado el aumento global
en los combustibles.”
El diputado Antonio Ortega recordó
que “el país hoy sufre un colapso del transporte público que se
evidencia en servicios ineficientes, rutas obsoletas, tarifas
injustas, contaminación ambiental, transporte ilegal, pérdidas
económicas, presas interminables, ausencia de fiscalización,
corrupción institucional y falta de controles de calidad a las
empresas concesionarias.”
Desde la Fracción se remarca que,
con esta propuesta de ley, avanzamos a la mejor estrategia para un
transporte moderno, justo, sostenible y de calidad; con mayor
fiscalización ciudadana y con capacidad de la institucionalidad
pública para tomar decisiones, todo esto como contrapeso a los
intereses de unos pocos.
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