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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) desconoce el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para regular las plataformas digitales y los taxistas en Costa Rica. Freeman Picado, representante de la Fundación de Medios Alternativos e Independientes de Costa Rica (REDMAI), consultó a la ARESEP sobre el proyecto, pero el intendente de transportes, Edward Araya, afirmó que no tiene conocimiento de este.
El proyecto del Poder Ejecutivo convierte el servicio de taxi de un servicio público en un “servicio económico de interés general”. Sin embargo, se desconoce si los requisitos en la prestación del servicio, como la calidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad, se mantienen con esta nueva naturaleza.
Actualmente, el servicio de taxi como servicio público puede versar como un servicio sustituto o complementario de otros servicios de transporte público, o como el único medio de transporte disponible en zonas donde no existen rutas de autobús o ferrocarril habilitadas. La incertidumbre sobre si estos segmentos de usuarios podrán seguir recibiendo el servicio y si habrá algún tipo de mejora en las otras formas de transporte público, genera dudas e interrogantes.
La ARESEP establece tarifas que garantizan el principio de servicio al costo y buscan equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores. Sin embargo, es necesario conocer el proyecto en su integralidad para evaluar si estos principios se mantienen.
En este proyecto en concreto la ARESEP desconoce el proyecto de regulación de plataformas y taxistas presentado por el Poder Ejecutivo lo que genera incertidumbre sobre los requisitos en la prestación del servicio y la continuidad de este para algunos segmentos de usuarios.
¿Quién regularía las tarifas y cada y cada cuánto?
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica han presentado una propuesta que busca reformar la regulación del servicio de taxi y las plataformas de transporte en el país. Una de las medidas más controvertidas de esta propuesta es la eliminación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) como entidad encargada de fijar los precios del servicio de taxi y su sustitución por precios mínimos de referencia establecida por el Poder Ejecutivo.
En el caso de los taxis rojos, que son los que tienen una base de operación regular, se limitan las tarifas máximas que se actualizan al menos dos veces al año, lo que le brinda a los prestadores flexibilidad en la gestión del servicio, sin desproteger al usuario. Según lo que se ha mencionado de la propuesta del MEIC-MOPT, se fijarían únicamente precios mínimos de referencia, sin establecer tarifas máximas.
Los esquemas regulatorios de precios mínimos se establecen cuando se busca que los prestadores del servicio perciban un beneficio mínimo si así lo desean, y buscan evitar la competencia mediante el cobro de precios ruinosos para algunos, sobre todo en sectores donde haya operadores con más poder de mercado que otros. Sin embargo, al no establecerse tarifas máximas, técnicamente lo que se busca es que en determinadas situaciones las leyes del mercado sean las que determinen el precio.
La propuesta del MEIC-MOPT ha generado preocupación en algunos sectores, ya que, al no haber un tope máximo en el cobro del servicio, se podrían dar situaciones en las que los precios pueden subir sustancialmente, desacelerando el acceso al servicio para algunos usuarios que no tienen otras opciones de transporte disponibles.
Además, se desconoce si la regla actual que limita a las personas físicas individuales a tener una concesión de taxi y solo un vehículo autorizado se mantendrá en la propuesta del Poder Ejecutivo. También se desconoce la motivación o interés del Poder Ejecutivo para quitarle a la ARESEP la competencia de definir los precios del servicio y asumirla ellos.
La propuesta también incluye cambios en la regulación de las plataformas de transporte, y esta ha sido recibida con diferentes opiniones por parte de los actores involucrados. Se espera que en los próximos meses se discuta y se llegue a un acuerdo para la reforma de la regulación del servicio de taxi y las plataformas de transporte en Costa Rica.
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