LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alexander Brenes).- En una reciente divulgada información, se ha descubierto que ciertos monopolios del transporte público en Costa Rica han estado fusionando rutas de manera ilegal con el apoyo del Concejo de Transporte Público (CTP). Esta práctica ha sido llevada a cabo por directores ejecutivos del CTP y viceministros, quienes han violado la ley y han favorecido a poderosas familias dentro del gremio de autobuses.
La ilegalidad de esta situación se destaca en una nota enviada el pasado 23 de marzo por el viceministro de transportes, Carlos Ávila, a la exdirectora A.I del CTP, Sidia Cerdas. En la comunicación, el viceministro resalta la importancia de atender el documento enviado por el apoderado generalísimo de la empresa LARED, con el objetivo de fusionar los códigos de las rutas 16 y 18 en la ruta 80. Sin embargo, esto es contrario a la ley 3503, la cual no ha sido modificada en su artículo 11, que a letra dice: Artículo 11.- Una misma persona no podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas.
Queda prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, intermedias, o en cualquier forma ligadas a otro concesionario; si se violare la prohibición establecida en este artículo, los respectivos permisos o concesiones serán cancelados. La calificación la hará el Ministerio de Transportes.
Esta práctica ilegal ha sido recurrente en los últimos años, con directores ejecutivos del CTP y viceministros que han contribuido a la violación de la ley, permitiendo así el crecimiento de algunos monopolios dentro del sector del transporte público. Estas familias poderosas han utilizado su influencia para nombrar y remover miembros de las juntas directivas del CTP en su propio beneficio.
En un amplio informe presentado por la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), las empresas del empresario Gilberth Fernández, son señaladas como uno de los emporios del transporte en el país. El grupo de interés económico Fernández está vinculado, al menos, con tres empresas de transporte público remunerado de pasajeros en la modalidad de autobús, conocidas comercialmente como "LARED", "MUSOC" y "GAFESO". Estas empresas tienen permitido un total de cuatro rutas, todas otorgadas en concesión y renovadas en 2021 para un nuevo periodo de siete años.
El informe de COPROCOM destaca que en las distintas juntas directivas de este grupo de interés económico existen miembros comunes y personas vinculadas por lazos de parentesco, muchas de las cuales ostentan poderes de dirección y representación en estas compañías. Además, se ha descubierto que las empresas "LARED", "MUSOC" y "GAFESO" comparten un mismo correo electrónico para recibir notificaciones ante el Consejo de Transporte Público, en relación con las concesiones renovadas.
Se ha observado que este grupo de interés económico opera en rutas geográficamente importantes y estratégicas en el país. Entre ellas, se destacan las rutas en zonas urbanas densamente pobladas del Área Metropolitana, como San Rafael Abajo, San Rafael Arriba y San Juan de Dios de Desamparados, entre otras. Además, cubre una ruta vital que conecta San José con San Isidro de El General, sin dejar de lado los cantones de Dota, Tarrazú, León Cortés, entre otros. También abarca la zona de Buenos Aires de Puntarenas y sus ramales.
De acuerdo con la información proporcionada en el expediente, este grupo ostenta varios permisos de explotación de rutas que siguen activos. La empresa LARED cuenta con permiso para prestar servicios en las rutas 16 y 1001, que conectan San José con Barrio Escalante, La U, Barrio México, Barrio La Cruz, San Cayetano, Seminario, Barrio El Carmen y viceversa, así como Desamparados, Calle Fallas, San Rafael Abajo y San Juan de Dios. Es importante resaltar que el servicio en la ruta 1001 se presta en consorcio con otra empresa ajena al grupo de interés económico.
El informe de COPROCOM concluye señalando que, al existir vínculos y conexiones entre estas empresas del grupo de interés económico Fernández, se está violando el número máximo de concesiones de líneas de autobuses establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 3503.
Este nuevo escándalo ha generado preocupación en la opinión pública y plantea interrogantes sobre la integridad y la transparencia en el sector del transporte público. Las autoridades competentes deben tomar medidas urgentes para investigar estas prácticas ilegales y garantizar que se respete la ley en beneficio de la competencia justa y los usuarios del transporte público.
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