Ampliación de vida útil de autobuses: Defensoría afirma que irrespeta derechos de personas con discapacidad

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por iSaí Jara, periodista).- En una declaración emitida este martes 24 de octubre, la Defensoría de los Habitantes expresó su profunda preocupación por la propuesta de ampliar la vida útil de los autobuses del transporte público fabricados en los años 2007 y 2008. Según la Defensoría, esta medida representa una clara violación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Representantes de la Defensoría se presentaron ante la Sala Constitucional para presentar una consulta con respecto a una iniciativa legislativa que se espera sea aprobada en segundo debate esta semana. Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, enfatizó la falta de consulta con las personas discapacitadas sobre un tema que impacta directamente en sus vidas y derechos.

“Nos llama la atención que dicho proyecto no se haya consultado a las personas con discapacidad, a pesar de que tiene repercusión directa en el ejercicio de sus derechos, y en general, de sus vidas. Ya es hora de que como Estado nos aboquemos al cumplimiento de los derechos de las poblaciones. El camino no es violentar derechos sino garantizarlos”, afirmó Cruickshank durante la conferencia de prensa.

La Defensoría subrayó que la ampliación de la vida útil de los autobuses pondría a las personas usuarias del transporte público en una situación precaria. Por un lado, se verían obligados a utilizar vehículos que tengan más de 15 años de antigüedad, con el consiguiente desgaste por el uso prolongado, sin ninguna certeza de que hayan recibido el mantenimiento necesario para operar de manera segura y eficiente.

Además, de manera paradójica, a pesar de recibir un servicio con autobuses más antiguos, los usuarios podrían enfrentar un aumento en las tarifas del servicio. La Defensoría destacó esta contradicción, subrayando que los ciudadanos recibirían un servicio de menor calidad a un costo potencialmente mayor.

La Defensoría enfatizó que la consulta pública no debe ser vista simplemente como una formalidad, sino como un derecho fundamental que se enmarca en la participación política de las personas. Además, instó a las autoridades a reconsiderar la propuesta ya buscar soluciones que respeten los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

La Defensoría concluyó su declaración reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la inclusión social, instando a todas las partes involucradas a tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad en cualquier decisión que se tome en este asunto crucial para la comunidad.

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