Autopago a directivo genera controversia
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaà Jara, periodista).- En un documento oficial al que hemos tenido acceso, se revela que la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Playa Brasilito, en Santa Cruz, Guanacaste, ha tramitado un autopago para el Presidente de su Junta Directiva, Lorenzo DÃaz. El directivo solicitó el pago, mediante transferencia bancaria, para sufragar diversos rubros, entre ellos, un monto de ¢187 580 destinado al concepto de "transporte operativo" que él mismo proporcionó a la entidad.
La solicitud de pago, fechada el pasado 21 de setiembre, también incluÃa otros conceptos, como ¢882 530 por "horas máquina", asà como el desembolso de dos pólizas por ¢94 968,25 y ¢144 570. Este hecho ha desencadenado una serie de cuestionamientos sobre la legalidad y ética de dicho procedimiento.
En respuesta a esta situación, Sonia Guevara, Directora de la AsesorÃa Legal de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), destacó que el Reglamento de ASADAS prohÃbe especÃficamente la contratación de empresas o personas vinculadas comercial, consanguÃnea o afÃnmente hasta tercer grado con los miembros de la Junta Directiva y FiscalÃa, según lo establecido en el ordinal 55 inciso b).
El abogado Melvin Reyes califica este autopago como un "claro conflicto de intereses", señalando que podrÃa configurar el delito de peculado. Reyes destaca que el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero cuya administración le haya sido confiada en razón de su cargo podrÃa enfrentar penas de prisión de tres a doce años. Esta disposición se aplicarÃa tanto a funcionarios públicos como a particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de organizaciones privadas.
El Reglamento de ASADAS establece como fines especÃficos de estas organizaciones la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, asà como contribuir en la gestión integrada del recurso hÃdrico y brindar el servicio de hidrantes por ley especial, según el numeral 7.
Este presunto conflicto de intereses en la ASADA de Playa Brasilito plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos de dicha entidad. La situación podrÃa generar repercusiones legales y administrativas, en tanto que diversos sectores instan a una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
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