Figura pública estuvo protegida durante años por redes de poder; enfrentará cargos por narcotráfico internacional en Texas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Este
lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una operación conjunta
con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), capturó al abogado Celso
Gamboa Sánchez con fines de extradición hacia Dallas, Texas, donde deberá
responder ante la justicia por presunto tráfico internacional de drogas.
La
detención de Gamboa, otrora figura emblemática del aparato judicial y político
costarricense, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado de cuello
blanco. Gamboa fue viceministro de Seguridad Pública bajo la administración de
Laura Chinchilla y luego fungió como director de Inteligencia y Seguridad en
2014, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís, quien lo nombró posteriormente
ministro de Seguridad. También ejerció como fiscal adjunto en diversas
provincias y, finalmente, fue designado como magistrado de la Sala III de la
Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa en 2016.
Durante
su paso por la función pública, su nombre se vio envuelto en escándalos, entre
ellos el célebre “caso del cemento chino”, en el cual fue investigado por
tráfico de influencias y posteriormente separado del Poder Judicial.
Según
fuentes judiciales, Gamboa había sido “querido y protegido” durante años por
diversas redes de poder dentro de la institucionalidad costarricense, lo que
habría dificultado las investigaciones en su contra. No obstante, la solicitud
de extradición por parte de la DEA y la presión internacional aceleraron su
captura.
Con
esta acción, Gamboa se convierte en el segundo costarricense en ser extraditado
a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. El primero fue
un individuo conocido con el alias de “Pecho de Rata”, capturado en Limón y
requerido también por las autoridades estadounidenses por su vínculo con el
crimen organizado transnacional.
El
caso refuerza la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos en la lucha
contra el narcotráfico, la corrupción institucional y el fortalecimiento del
Estado de derecho. Las autoridades de ambos países continúan con las
diligencias necesarias conforme al marco legal vigente.
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