MIDEPLAN exige a universidades públicas eliminar beneficios que contravienen Ley de Empleo Público

Ministerio advierte que podría bloquear presupuestos si no se corrigen irregularidades antes del 18 de julio

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) lanzó una advertencia directa a las universidades públicas del país: deberán corregir múltiples irregularidades detectadas en sus estructuras administrativas y salariales, o se arriesgan a que la Contraloría General de la República les niegue la aprobación de sus presupuestos institucionales para el próximo año.

Así lo hizo saber la ministra Marta Eugenia Esquivel a través de un oficio remitido a la Contraloría, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el que detalla una serie de prácticas que, según MIDEPLAN, incumplen la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Entre las observaciones señaladas por el Ministerio destacan el uso indebido del régimen de dedicación exclusiva, traslados salariales que violan disposiciones transitorias de la ley, y beneficios salariales sin respaldo técnico, como anualidades, carrera profesional, incentivos médicos y régimen de prohibición. Todos estos pagos, recalca MIDEPLAN, se realizan con fondos públicos.

Uno de los casos concretos señalados es el de la Universidad Técnica Nacional (UTN), que habría aprobado un Reglamento de Dedicación Exclusiva con aparentes inconsistencias legales. En paralelo, también se citan cuestionamientos a construcciones recientes en distintos campus de la Universidad de Costa Rica (UCR), las cuales —según el Ministerio— presentan deficiencias técnicas y presuntas irregularidades en los procesos de contratación administrativa.

Otro punto de preocupación es el Reglamento del Régimen de Prohibición de la Universidad Nacional (UNA), que actualmente es objeto de un análisis por parte de la Sala Constitucional, a solicitud de la Contraloría. Mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad, MIDEPLAN solicitó suspender su aplicación.

Además, el informe ministerial identifica deficiencias más amplias, como la falta de sustento técnico para justificar ciertas exclusiones, contradicciones entre el Marco Técnico Orientador y el reglamento de la ley, fallos en los modelos de valoración de puestos, incongruencias en columnas salariales y opacidad en las metodologías utilizadas para definir los salarios del personal universitario.

Ante este panorama, MIDEPLAN otorgó un plazo de un mes calendario —hasta el 18 de julio de 2025— para que las universidades atiendan las observaciones y realicen las investigaciones administrativas correspondientes. De no cumplirse con lo requerido, el Ministerio pedirá a la Contraloría que no apruebe los presupuestos institucionales de las universidades que mantengan las prácticas en cuestión.

La ministra Esquivel subrayó que estas acciones buscan garantizar la rendición de cuentas y la adecuada administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el marco de la próxima negociación para el año 2027. Según indicó, las universidades deben respetar el artículo 11 de la Constitución Política, que obliga a la rendición de cuentas y a una gestión pública eficiente.

La ofensiva de MIDEPLAN se enmarca en el esfuerzo por asegurar que la administración universitaria se alinee con el nuevo marco legal del empleo público y se sustente en estudios técnicos que justifiquen cada decisión de índole administrativa y financiera.

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