LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Bernardo Mora).- El régimen Nicaragüense aprobó aceleradamente la polémica Ley de Territorios Fronterizos, mediante la cual declara propiedad del Estado todas las tierras ubicadas a menos de 15 kilómetros de las fronteras con Costa Rica y Honduras.
Se trata de una expropiación sin precedentes en la historia reciente del país, según denuncian líderes opositores y defensores de derechos humanos, porque afecta viviendas, iglesias, fincas productivas, hoteles, playas, territorios indígenas, plantaciones agrícolas y comunidades enteras.
La ley crea una “zona de control especial” que queda bajo la vigilancia y el poder del Ejército de Nicaragua. Esto podría ser una forma de otorgar más bienes y control al estamento militar.
La “confiscación arbitraria” que deja en la incertidumbre a miles de propietarios nicaragüenses y extranjeros. “Esto va a hundir el valor de las propiedades. Nadie va a invertir en tierras confiscadas por decreto”.
Muchas se refieren a la ley como “La Gran Confiscación” y cuestionan públicamente quiénes serán los verdaderos beneficiarios de las tierras confiscadas y advirtió sobre el riesgo de que el Estado utilice estos territorios con fines militares o clientelistas con sus inversores chinos.
Organismos internacionales han comenzado a analizar el impacto legal de la normativa, ya que podría violar convenios internacionales sobre la protección de la propiedad privada y los derechos de los pueblos indígenas. Además, genera una fuerte señal de desconfianza para los inversionistas, en medio de una economía debilitada y sujeta a sanciones internacionales.
La ley ha sido aprobada sin consulta pública, en un contexto de creciente control estatal y represión contra voces críticas, lo que ha aumentado el temor entre las poblaciones que habitan las zonas fronterizas. Varios habitantes han denunciado que ya se están realizando inspecciones y empadronamientos para determinar qué tierras quedarán bajo control estatal.
Diversos sectores han solicitado la intervención de organismos regionales e internacionales ante lo que consideran una grave violación a los derechos de propiedad y un nuevo episodio de concentración de poder por parte del régimen Ortega-Murillo.
El “control total de los territorios fronterizos” significa que el Gobierno nicaragüense tiene ahora la autoridad para manejar, usar y, potencialmente, expropiar los terrenos dentro de esta vasta área fronteriza, limitando los derechos de propiedad y el uso de la tierra a su conveniencia.
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