LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El gesto solidario de un dirigente comunal volvió a poner sobre la mesa un tema incómodo para el sistema de salud costarricense: las víctimas de mala praxis que terminan abandonadas a su suerte.
Flor Bermúdez, de 27 años,
madre de dos niñas, recibió este miércoles 20 de agosto la donación de una cama
ortopédica de parte de Francisco Castaing, presidente de la Asociación Cívica y
Cultural de Ipís. El aparato le permitirá, al menos por cortos periodos,
sentarse y mejorar su calidad de vida. Pero tras ese acto de bondad, lo que
queda en evidencia es una realidad mucho más dura: el Estado no ha respondido.
Hace seis años, Bermúdez
ingresó al Hospital Calderón Guardia por un procedimiento médico del cual nunca
volvió a levantarse. Una mala praxis, según su familia, la dejó sin movilidad y
postrada en cama los 365 días del año. Desde entonces, ninguna institución
pública ha asumido la responsabilidad ni ha brindado una solución integral para
garantizarle una vida digna.
Hoy, Flor vive junto a su
padre –un adulto mayor– en un rancho improvisado y en condiciones insalubres
que representan un riesgo permanente. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), señalada por la supuesta negligencia, ni otras instancias estatales han
generado alternativas habitacionales ni de atención sostenida.
El caso de Bermúdez es uno
entre muchos que rara vez salen a la luz. Expertos en derechos humanos
recuerdan que la mala praxis médica no solo deja huellas físicas irreversibles,
sino que también abre vacíos legales y éticos que las instituciones prefieren
esquivar.
Mientras tanto, la vida de
una joven madre y de sus hijas depende de la solidaridad comunitaria, en lugar
de contar con el respaldo de un sistema que debería protegerla.
La pregunta sigue siendo
la misma: ¿Cuántas Flor Bermúdez más tendrán que aparecer en el país para que
el Estado asuma, de una vez por todas, la responsabilidad que le corresponde?
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