LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Federico Grandoso Lemoine).- Muchos apuntan al presidente Rodrigo Chaves como el principal responsable de la inseguridad que azota a Costa Rica, pero la realidad es más compleja de lo que parece. Sí, su gobierno tiene una cuota de responsabilidad, pero hay muchos otros factores y actores que también juegan un papel crucial en este problema.
Si bien la policía hace su trabajo al detener a delincuentes, el Poder Judicial parece no estar a la altura. Son frecuentes los casos en que los criminales son detenidos por la policía y, a las pocas horas, están nuevamente en la calle, libres de cargos, debido a decisiones judiciales que permiten su liberación. Este tipo de situaciones, donde los delincuentes son reincidentes, generan frustración en la ciudadanía.
Un ejemplo claro es el caso de la liberación de homicidas o ladrones por la misma corte que decidió dejarlos libres, a pesar de tener antecedentes. Un estudio de la Defensoría de los Habitantes ha señalado que, en 2020, hubo más de 2,000 casos en los que delincuentes detenidos por la policía fueron liberados en 24 horas sin una evaluación efectiva de su peligrosidad.
La Asamblea Legislativa: ¿un circo en vez de una solución?
Es fácil señalar al presidente Chaves por no haber mejorado la seguridad, pero ¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para contribuir a la solución? Mientras los legisladores se dedican a proponer leyes como la creación de nuevos cantones, cambios simbólicos como la concesión de títulos de “Benemérito de la Patria” o, incluso, reformas que no abordan lo urgente como la delincuencia, la inseguridad sigue creciendo. ¿De qué sirve hacer leyes que beneficien solo a unos pocos si no se mejora la seguridad de todos?
En el Congreso, partidos como Liberación Nacional y el Frente Amplio han sido señalados por sus intentos de desviar el enfoque hacia temas menos urgentes, como el nombramiento de más “Beneméritos de la Patria” (proyecto presentado por la bancada del PLN en 2023). Mientras tanto, no se debaten reformas al Código Penal que permitan sentencias más severas y eficientes contra la criminalidad.
El legado del COVID-19: ¿una bomba de tiempo?
Es fundamental recordar que la era de Rodrigo Chaves es post-COVID, y durante la pandemia, muchos costarricenses se vieron empujados a la delincuencia debido a la falta de recursos. No todos tuvimos el privilegio de recibir ayudas del Estado o de seguir trabajando durante el encierro. Mientras miles perdían sus empleos o veían sus negocios arruinados, personajes como Carlos Alvarado y Claudia Dobles paseaban en helicóptero a las playas (reporte de 2020, La Nación). Muchos ciudadanos se sintieron abandonados, mientras los empleados del Estado seguían en sus casas recibiendo su salario íntegro.
Es fácil culpar a Chaves por los problemas actuales, pero hay una historia más grande detrás, que involucra decisiones pasadas que dejaron cicatrices sociales profundas. Como no se puede tapar el sol con un dedo, el daño ya está hecho, y las secuelas son palpables.
El verdadero problema: las leyes ineficaces
No todo es culpa del Ejecutivo. La gran responsabilidad recae también sobre un sistema judicial que permite que los delincuentes queden libres a las pocas horas de ser detenidos. ¿Cómo es posible que la policía trabaje para capturar a los malhechores, pero los jueces no tomen las medidas adecuadas para evitar que vuelvan a la calle? En Costa Rica, tenemos leyes que necesitan ser modificadas para hacer más estrictas las penas y evitar que los delincuentes circulen libremente.
No hay más ciego que el que no quiere ver (proverbio popular), y la clase política parece cerrar los ojos ante una realidad que cada vez nos afecta más.
¿Qué podemos hacer?
La carrera electoral ya está en marcha y, a pesar de los ataques constantes al Ejecutivo, parece que la única preocupación es destituir al presidente Chaves. Sin embargo, los ataques sin soluciones no ayudan a la situación del país. Los diputados siguen sin proponer cambios reales que realmente aborden la crisis de seguridad. Y en lugar de trabajar por una reforma profunda, prefieren discutir si darle más poder al presidente de la Asamblea Legislativa o darle el título de “Benemérito de la Patria” a otro político.
Es urgente cambiar la forma en que elegimos a nuestros legisladores, porque si no lo hacemos, nuestra próxima Asamblea Legislativa será igual de ineficaz, llena de propuestas irrelevantes, como la creación de nuevos cantones o títulos honoríficos.
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