LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- En una democracia, la transparencia y la rendición de cuentas no son un lujo: son el cimiento mismo de la confianza ciudadana en sus instituciones. Por eso, lo ocurrido este viernes 8 de agosto de 2025 en la comisión legislativa que estudia el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, no puede pasar inadvertido.
El fiscal
general, Carlo Díaz, llegó a comparecer ante los diputados con el compromiso
implícito de explicar y sustentar una acusación grave: el presunto delito de
concusión contra dos de los más altos jerarcas del país. Sin embargo, lo que
entregó no fue un informe sólido y completo, sino una exposición general, breve
y —según denunciaron varios legisladores— carente de los elementos esenciales
para tomar una decisión informada.
Más preocupante
aún: en el expediente que recibieron los diputados no figura la declaración del
testigo clave del caso, una pieza que podría ser determinante para entender el
fondo de la acusación. Ante el reclamo, el Fiscal aseguró que el expediente estaba
“completo”. La respuesta, lejos de disipar las dudas, las multiplicó.
El oficialista
Daniel Vargas lo expresó con claridad meridiana: no se puede decidir “a ciegas”
sobre un tema de tal trascendencia. Levantar el fuero a un presidente y a un
ministro no es un trámite burocrático, es un acto político-jurídico de alto
impacto que exige información precisa, pruebas contundentes y fundamentos
jurídicos sólidos.
La solicitud del
Fiscal de que la audiencia se celebrara en secreto, amparándose en el artículo
295 del Código Procesal Penal, tampoco ayuda a fortalecer la confianza
ciudadana. Que los diputados hayan decidido mantenerla pública fue, sin duda,
un acierto: si el proceso es legítimo, no hay motivo para ocultarlo.
La próxima
sesión, prevista para el 22 de agosto, tendrá a los propios acusados frente a
la comisión. Allí podrán dar su versión. Pero el país sigue esperando que quien
acusa, lo haga con la claridad y la transparencia que la Constitución y la
democracia demandan.
Porque, señor
Fiscal, la justicia no se construye con expedientes a medias. Y las decisiones
que afectan la estabilidad de la República no pueden tomarse a tientas.
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