En
su contestación, las comunidades organizadas aseguran que el propio informe
técnico confirma lo que han venido advirtiendo: la finca El Maderal no es
viable para instalar un parque ambiental, una estación de transferencia ni una
planta de compostaje.
El documento municipal, según los vecinos, reconoce problemas como calles estrechas, pendientes pronunciadas, puentes de un solo carril y la falta de estudios actualizados sobre la resistencia del pavimento. Incluso, la Unidad Técnica advierte que estas condiciones representan un riesgo directo para la seguridad vial e infraestructura existente.
“Contradicción institucional” y falta de respuestas
Pese
a ese dictamen, la Municipalidad mantiene la propuesta de ubicar el proyecto en
la zona, lo que para el Comité Vecinal representa una “contradicción
institucional”.
Asimismo,
reprochan que el oficio responda únicamente al tema vial, dejando sin atender
los señalamientos hechos en la audiencia pública del pasado 30 de agosto sobre
impactos ambientales, sanitarios, patrimoniales y presupuestarios.
El
colectivo señala que esa omisión vulnera los artículos 27 y 30 de la
Constitución Política —derecho de petición y acceso a información pública— y el
principio de motivación técnica de la Ley General de la Administración Pública.
También recuerdan que insistir en El Maderal contraviene la legislación
ambiental, sanitaria y de tránsito vigentes.
Peticiones
concretas
El
Comité Vecinal solicita:
Que
el informe vial sea incorporado íntegramente al acta y expediente de la
consulta pública.
Que
se descarte de manera definitiva a El Maderal como sede del proyecto.
Que
se anule cualquier acuerdo o convenio de disposición de desechos con otras
municipalidades sin un proceso regional formal y participativo.
Que
se conforme un equipo interdisciplinario municipal con participación ciudadana
para analizar alternativas viables y sostenibles.
Advertencia
de acciones legales
Finalmente,
las comunidades advierten que, de persistir la Municipalidad en su intención, ejercerán
todas las vías administrativas y judiciales necesarias para defender su derecho
constitucional a un ambiente sano, seguro y equilibrado.
El
oficio fue remitido también a la Área Rectora de Salud de Goicoechea, la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Contraloría General de la
República.
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