Los señalados son Gloriana Diorela Carmona Seravalli (presidenta del Concejo Municipal), Carlos Luis Murillo Rodríguez, Rafael Ángel Vargas Brenes, Carmen María Martínez Barahona, Grettel Virginia Amador Rojas, William Fallas Bogarín y María Lorena Ortíz Salazar.
La decisión cuestionada
De acuerdo con el acta de la Sesión Ordinaria N.° 22-2025 del 2 de junio, los regidores aprobaron transformar la vía de acceso vehicular y peatonal en un espacio exclusivamente peatonal. Sin embargo, el documento de denuncia sostiene que dicho acuerdo es “ilegal y perjudicial”, al violar disposiciones expresas de la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Procuraduría General de la República, que establecen que cualquier cambio de uso de una calle pública requiere de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Incluso, durante la sesión, el asesor legal del Concejo Municipal habría advertido a los regidores que el cambio de destino de una vía pública no podía realizarse por acuerdo municipal, sino únicamente mediante ley de la República.
Delitos atribuidos
Según la denuncia, los regidores habrían incurrido en los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y fraude de ley, al tomar una decisión a sabiendas de que contravenía el marco jurídico vigente. El escrito cita los artículos 44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana, el artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos, así como sentencias constitucionales que prohíben modificar el uso de bienes de dominio público sin autorización legislativa.
La denuncia solicita, además, medidas cautelares como la suspensión temporal de los regidores de sus cargos, allanamientos en dependencias municipales y el secuestro de documentos y teléfonos celulares para efectos de investigación.
Un debate con antecedentes
El tema del cierre de calles para uso peatonal ha sido objeto de discusión en varias municipalidades del país. En 2016, la Procuraduría ya había advertido a la Municipalidad de San Carlos que tales cambios solo podían concretarse mediante una ley, aun cuando el objetivo fuese convertir calles en bulevares o zonas de uso público.
En este caso, la denuncia sostiene que, pese a las advertencias expresas de ciudadanos, colegas regidores y de la propia asesoría legal, la mayoría del Concejo de Goicoechea optó por aprobar el cierre vehicular, lo que ahora se convierte en materia de investigación penal.
Lo que viene
La Fiscalía deberá determinar si procede abrir causa formal contra los regidores. De ser hallados responsables, podrían enfrentar sanciones penales y administrativas que incluyen prisión de uno a cinco años por fraude de ley, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
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