Congreso frena eurobonos y Costa Rica paga el precio de la duda

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Bernardo Mora).- La Asamblea Legislativa costarricense decidió, en la sesión más reciente, archivar de forma definitiva el proyecto de reforma que autorizaba al Gobierno emitir USD 2.000 millones en eurobonos en 2025–2026. La iniciativa —identificada como expediente 24.462— no logró los 38 votos requeridos en segundo debate, y quedó sepultada con 24 apoyos frente a 18 rechazos.

Este desenlace marca un punto de inflexión para el manejo financiero estatal y abre interrogantes sobre el futuro de las finanzas públicas. El gobierno ahora tendrá que acudir al mercado interno para buscar recursos, lo que encarecerá el costo de la deuda estatal. Según estimaciones difundidas, el Estado podría enfrentar hasta ₡ 70.000 millones adicionales en intereses por recurrir al financiamiento doméstico.

Los argumentos detrás del rechazo

Para desentrañar esta decisión, vale detenerse en los argumentos esgrimidos por los diputados que se opusieron y en las dinámicas políticas que pesaron más que las cifras.

1. Temor al aumento de deuda sin control

El principal motivo aducido fue la desconfianza de que la reforma permitiría un endeudamiento “sin guardas” suficientes. Varios diputados manifestaron que relajar las condiciones fiscales negociadas previamente era una invitación al desorden presupuestario. En palabras de algunos miembros del PLN y diputados independientes, no podía aprobarse solo por “impulsos políticos” sino con controles vinculantes.

2. Falta de credibilidad del Ejecutivo

Más allá del texto legal, la reforma tropezó con una barrera intangible pero decisiva: la falta de confianza en que el gobierno utilizaría los fondos con disciplina. Hubo quienes recordaron emisiones previas no ejecutadas, así como incumplimientos de metas macroeconómicas exigidas para otras colocaciones.

3. Presión política y votos partidistas

No se puede ignorar que la decisión del PLN de votar mayoritariamente en contra determinó el destino del proyecto. Incluso se menciona que algunos diputados cambiaron su voto ante presiones institucionales o cálculos de negociación política.

4. Preferencia por deuda local, pese al costo

Aunque menos citado como argumento técnico, algunos actores prefieren que Costa Rica dependa del financiamiento interno porque consideran que eso les da mayor control —aunque sea más caro— y no esté sujeto a condiciones externas.

5. Peticiones de contrapartidas o reformas complementarias

Algunos legisladores condicionaban su voto a la inclusión de condiciones adicionales: auditorías, rendición de cuentas, programas específicos de inversión o reformas estructurales paralelas (fiscal, institucional). Pero esas añadiduras no estaban contempladas en el texto original y no hallaron consenso.

Reacciones del Ejecutivo y el pueblo

La decisión no tardó en generar reacciones intensas:

Desde la Presidencia, la postura fue de advertencia y reproche: el mandatario Rodrigo Chaves sostuvo que los costos de los préstamos internos subirán y que “hasta los gota a gota van a subir”. También acusó a ciertos diputados de actuar por venganza política ante rechazar propuestas del Ejecutivo.

Ministros y voceros del gobierno aseguraron que Costa Rica pierde la oportunidad de financiamiento más barato y que la negativa incrementará la carga financiera del Estado.

Medios de comunicación, columnistas y ciudadanos expresan sentimientos mixtos: hay reproches al Ejecutivo por no articular mejor su argumento, elogios al Congreso por “poner freno” al endeudamiento, y preocupación ante las consecuencias para servicios públicos si los recursos faltan.

En redes sociales se multiplican mensajes sobre el retroceso que representa el rechazo: que el Estado quedará sin fondos para infraestructura, salud o educación; asimismo, que el Congreso podría estar ante una parálisis fiscal que perjudique al país.

Un análisis crítico: riesgos y oportunidades

Los riesgos del rechazo

Costos más altos para el Estado y para la ciudadanía: al financiarse internamente, el gobierno pagará tasas más elevadas, lo que presionará el presupuesto y podría traducirse en menos inversión pública o mayores impuestos.

Retrasos en obra pública e inversión social: sin acceso fluido a recursos exteriores, proyectos clave podrían quedar paralizados o pospuestos.

Desconfianza internacional: los mercados y organismos multilaterales pueden interpretar el rechazo como un tropiezo institucional o una señal de riesgo, lo que podría encarecer futuras negociaciones.

Bloqueo político crónico: si cada iniciativa financiera es sometida a combate partidista, el país entra en una dinámica de estancamiento institucional.

Las oportunidades que emergen

Refuerzo de controles y transparencia: el rechazo obliga a exigir mejores mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y criterios técnicos en futuras emisiones.

Incentivo para reformas estructurales: no puede resolverse el déficit con más deuda: urge mejorar recaudación, eliminar gastos ineficientes y fortalecer la institucionalidad.

Restauración de legitimidad política: si los diputados que se opusieron lo hicieron por convicción técnica más que por cálculo partidista, se puede recuperar algo de confianza ciudadana en el Legislativo.

Negociación más armónica: este escenario refuerza la necesidad de diálogo entre Ejecutivo y Congreso, no imposición. Un acuerdo genuino puede ser más duradero.

Conclusión reconvertida para ciudadanos y tomadores

El rechazo de los eurobonos de 2025 no es un simple episodio técnico: es una encrucijada para Costa Rica. En él chocan dos momentos: la urgencia de financiamiento frente al imperativo del uso responsable del mismo.

Los diputados, al menos algunos de ellos, hicieron bien en exigir salvaguardas; el Ejecutivo tiene la responsabilidad de demostrar que su plan de gasto es sostenible y transparente. Pero quien paga las consecuencias no es ninguno de los bloques políticos, sino el país entero, si la falta de recursos se traduce en servicios públicos deteriorados, infraestructura pendiente o nuevas cargas fiscales.

Ahora más que nunca se pone a prueba la madurez institucional costarricense: esta es una oportunidad para que las élites políticas evidencien que priorizan el bienestar común por encima del interés partidista. Si no se aprovecha, el costo será demasiado alto.

- Goicoechea es el cantón número 8 de la provincia de San José, fundado en 1891. Donde orgullosamente decimos: "De la montaña a la ciudad, así se extiende mi cantón". "Goicoechea, Goicoechea, te llevo en el corazón." -

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