LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En las últimas décadas, un término relativamente nuevo ha cobrado fuerza en los debates sobre democracia y poder: “lawfare”. Esta palabra, una combinación de law (ley) y warfare (guerra), describe el uso instrumental del aparato judicial para perseguir, deslegitimar o neutralizar adversarios políticos. En otras palabras, es la guerra política librada no con tanques ni discursos incendiarios, sino con códigos penales, tribunales y titulares mediáticos.
Aunque este fenómeno ha
sido ampliamente documentado en países como Brasil, Argentina o Estados Unidos,
Costa Rica no es inmune a sus tentaciones. La fortaleza institucional que
caracteriza al país puede convertirse —paradójicamente— en un arma de doble filo
si actores políticos, económicos o mediáticos deciden utilizar la justicia no
como mecanismo de equidad, sino como herramienta de eliminación del adversario.
El lawfare no implica
necesariamente manipular jueces o fiscales —aunque en algunos casos extremos
ocurre—. A veces basta con activar investigaciones, filtrar información
selectiva a la prensa, generar condenas mediáticas y mantener procesos largos e
inciertos que terminan desgastando reputaciones. Incluso si la persona
finalmente es absuelta, el daño político ya está hecho.
En el tablero de la
opinión pública, la absolución nunca tiene tanto impacto como la acusación.
El peligro de normalizar
esta práctica en Costa Rica sería enorme. Primero, erosionaría la confianza en
el Poder Judicial, un pilar esencial de nuestra democracia. Segundo,
polarizaría aún más el debate público, transformando los tribunales en
escenarios de lucha política. Y tercero, desalentaríamos a ciudadanos honestos
a participar en la vida pública, pues sabrían que cualquier diferencia política
podría convertirse en un proceso judicial interminable.
Esto no significa que los
políticos o figuras públicas deban tener impunidad. Todo lo contrario: la
justicia debe actuar con independencia, sin privilegios ni presiones. Pero una
democracia madura debe saber distinguir entre la lucha contra la corrupción y
el uso táctico de la ley para debilitar adversarios. La línea es fina, pero
crucial.
Costa Rica necesita
fortalecer los mecanismos de transparencia procesal, rendición de cuentas y
garantías de debido proceso. Además, la ciudadanía debe aprender a no convertir
cada acusación en un linchamiento anticipado. Porque si permitimos que la política
se judicialice y la justicia se politice, corremos el riesgo de dinamitar desde
adentro el pacto democrático que nos ha sostenido durante más de siete décadas.
En tiempos de
polarización, el lawfare es una tentación peligrosa. Y como toda tentación,
entra suave y se queda larga. Que Costa Rica no caiga en esa trampa, pero todo
indica que estamos en ese camino.
*
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, derechos de respuesta, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, y en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores. La Voz de Goicoechea (www.lavozdegoicoechea.info) es un medio de comunicación independiente, y no toma como suyas dichas opiniones por lo que no se responsabiliza por el contenido emitido por terceros. Todas las imágenes que muestra este medio, se utilizan solo con fines ilustrativos, por tanto se respetan todos los derechos de autor según corresponda en cada caso, siendo nuestra principal labor de la informar a nuestros lectores.
nos interesa tú opinión al respecto. Te invitamos a participar...
Miembro de la Red de Medios Alternativos Independientes - REDMAI
Goicoechea, San José - Costa Rica
0 Comentarios
Queremos ver tus comentarios, estos nos enriquecen y ayudan a mejorar nuestras publicaciones :
_______________________________________________