LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Welmer Ramos Gonzáles, columnista).- La Organización de Medios de Comunicación y Responsabilidad (OMERCON) manifestó su preocupación ante el Proyecto de Ley N.° 24.374, una iniciativa legislativa que —según la entidad— pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas en Costa Rica.
De aprobarse, esta ley permitiría que empresas privadas recopilen, almacenen, procesen y vendan datos crediticios de personas físicas o jurídicas, incluyendo historiales de pago, montos de deuda, y hasta información sobre fiadores o codeudores. Todo ello sin el consentimiento expreso de los titulares, lo que, para OMERCON, constituye una grave amenaza a la privacidad y a la seguridad de la ciudadanía.
“Este proyecto convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por dinero. Es un negocio que beneficia a unos pocos y expone a todos”, señala el pronunciamiento.
Un negocio disfrazado de protección al consumidor
Según OMERCON, la iniciativa se presenta como una herramienta para “mejorar el acceso al crédito y proteger al consumidor”, pero en realidad responde a intereses puramente mercantiles, ya que las bases de datos crediticias tienen un alto valor comercial.
El texto obligaría a las
entidades financieras a transferir información sobre créditos y morosidad a
compañías privadas, que podrían luego comercializarla.
“Es una propuesta peligrosa porque abre la puerta a la compraventa de información que hasta hoy se considera sensible. Es decir, datos que pertenecen a las personas y no deberían convertirse en un producto de mercado”, agrega la organización.
Riesgos reales: extorsión, hackeos y manipulación
OMERCON advierte que la falta de control estatal sobre estos datos podría tener consecuencias graves, incluyendo su uso con fines delictivos como extorsión, secuestros o fraudes financieros.
“En un país cada vez más
afectado por la violencia, permitir que terceros manejen información sobre
ingresos, pagos o deudas de las personas es un riesgo mayúsculo”, puntualiza el
comunicado.
Actualmente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ya administra un Centro de Información Crediticia (CIC) que centraliza y regula los datos de crédito de la población costarricense, por lo que —según la organización— no existe ninguna necesidad de crear un sistema paralelo en manos privadas.
Empresas que ya lucran con datos personales
El pronunciamiento también denuncia que ya existen compañías que comercializan datos obtenidos de manera engañosa, mediante cláusulas abusivas o incluso hackeos de bases de datos. En muchos casos, la información vendida resulta falsa o desactualizada, afectando la reputación de las personas.
“En lugar de legalizar este tipo de prácticas, deberíamos erradicarlas. Las leyes deben proteger a la ciudadanía, no habilitar nuevos mercados para el tráfico de información”, enfatiza OMERCON.
Llamado a la acción
La organización hizo un llamado urgente a la sociedad civil, al Poder Legislativo y a las instituciones públicas para rechazar el Proyecto de Ley 24.374 y promover una legislación que refuerce la protección de los datos personales, no su explotación comercial.
“Estamos ante una decisión que marcará el rumbo del país: o protegemos la privacidad y la seguridad de los costarricenses, o abrimos la puerta a que su información se venda al mejor postor”, concluye OMERCON.
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