LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Municipalidad de Goicoechea, a través de su Policía Municipal, participó en un operativo interinstitucional junto con la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Salud del Área Regional de Goicoechea, con el objetivo de inspeccionar y desarticular centros clandestinos de acopio, conocidos popularmente como chatarreras ilegales.
Durante la intervención
se localizaron varios puntos de acopio ubicados en casas de habitación y zonas
municipales invadidas, donde se identificó a personas sospechosas en posesión
de materiales presumiblemente sustraídos de bienes públicos.
Entre los artículos
recuperados destacan rejas pluviales, tubos metálicos utilizados como barandas
de protección en puentes y rampas de accesibilidad (Ley 7600), así como una
arqueta de telecomunicaciones que había sido modificada y utilizada como grada de
una vivienda. Para su recuperación fue necesaria la colaboración del personal
de obras municipales, quienes documentaron el decomiso en el acta respectiva.
El caso fue remitido al
OIJ para su judicialización, mientras que el Ministerio de Salud procedió al
cierre de establecimientos ilegales y notificó las sanciones sanitarias
correspondientes. A su vez, la oficina de Patentes Municipales dará seguimiento
administrativo a los locales implicados.
El jefe de la Policía
Municipal de Goicoechea, Roy Díaz, destacó que “más allá del valor económico de
los bienes recuperados, su pérdida representa un riesgo directo para la
seguridad vial y peatonal. Por ello, se insta a la ciudadanía a no receptar
materiales o bienes del Estado y a denunciar estas prácticas que atentan contra
la seguridad y el bienestar de toda la comunidad”.
Más allá del operativo
puntual, la acción pone sobre la mesa un tema de fondo: el creciente mercado
informal de chatarra y materiales reciclables que, en muchas ocasiones, se
nutre del robo de infraestructura pública. Urge fortalecer los controles, pero también
promover la responsabilidad ciudadana y la trazabilidad del comercio de
metales, porque —al final— cada rejilla robada, cada baranda desaparecida, se
traduce en un peligro real para la gente y en un costo que todos terminamos
pagando.
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