LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Sadniv Solrac).- Organizaciones internacionales de derechos humanos, como ADF International, han denunciado que el gobierno de Turquía considera a los cristianos extranjeros como “amenazas a la seguridad nacional”, recurriendo a deportaciones masivas y bloqueos migratorios para expulsar y prevenir el regreso de familias cristianas residentes en el país.
Lidia Rieder, abogada de ADF International, advirtió en la Conferencia de la Dimensión Humana de la OSCE que estas medidas afectan “de manera devastadora a las comunidades protestantes locales, que muchas veces quedan sin liderazgo y recursos espirituales”.
Según ADF International, desde 2020 al menos 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias —unos 350 individuos— fueron expulsados o bloqueados bajo los controvertidos códigos N-82 y G-87 de “seguridad interna”, aplicados de manera administrativa y sin juicios o pruebas de delitos.
Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, ADF identificó 35 nuevos casos de exclusión y deportación, destacando que muchos afectados llevaban décadas viviendo en Turquía con permisos legales, como el caso de “Wiest contra Turquía”, ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ministerio del Interior de Turquía utiliza estos códigos para restringir el acceso y estancia de ciudadanos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Latinoamérica y otras naciones europeas, incluso aunque no tengan antecedentes penales.
ADF apoya actualmente más de 30 recursos legales tanto en el sistema judicial turco como en instancias europeas, buscando revertir lo que considera “una política sistemática de discriminación religiosa”.
La Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía, en su Informe de 2024, documentó un repunte del discurso de odio y actos violentos hacia minorías cristianas, como el ataque armado a la Iglesia de la Salvación en Çekmeköy y disparos contra el edificio de la Iglesia en Eskişehir.
También se reportaron actos de vandalismo, amenazas, daños físicos y denegaciones de permisos para actividades como distribución de folletos o celebraciones de Pascua y Navidad.
Las redes sociales han sido otro foco de hostigamiento, con insultos y amenazas dirigidas a líderes y miembros de comunidades cristianas, agudizando el clima de intolerancia.
El informe recogió también el caso de una profesora cristiana de inglés que perdió su trabajo sin causa en Malatya, habiendo sido advertida por sus vínculos con asociaciones cristianas y amistades extranjeras; su apelación fue rechazada por temor a afectar a familiares empleados públicos.
El panorama evidencia una hostilidad creciente hacia el cristianismo en Turquía, donde las autoridades optan por mecanismos administrativos y legales para marginar y debilitar la comunidad.
Estos hechos subrayan la necesidad de promover la libertad religiosa y orar por la perseverancia de los creyentes perseguidos, recordando las exhortaciones bíblicas a soportar la adversidad con fe y clamar por justicia en medio de la oposición.
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, derechos de respuesta, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, y en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores. La Voz de Goicoechea (www.lavozdegoicoechea.info) es un medio de comunicación independiente, y no toma como suyas dichas opiniones por lo que no se responsabiliza por el contenido emitido por terceros. Todas las imágenes que muestra este medio, se utilizan solo con fines ilustrativos, por tanto se respetan todos los derechos de autor según corresponda en cada caso, siendo nuestra principal labor de la informar a nuestros lectores.
Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, ADF identificó 35 nuevos casos de exclusión y deportación, destacando que muchos afectados llevaban décadas viviendo en Turquía con permisos legales, como el caso de “Wiest contra Turquía”, ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ministerio del Interior de Turquía utiliza estos códigos para restringir el acceso y estancia de ciudadanos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Latinoamérica y otras naciones europeas, incluso aunque no tengan antecedentes penales.
ADF apoya actualmente más de 30 recursos legales tanto en el sistema judicial turco como en instancias europeas, buscando revertir lo que considera “una política sistemática de discriminación religiosa”.
La Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía, en su Informe de 2024, documentó un repunte del discurso de odio y actos violentos hacia minorías cristianas, como el ataque armado a la Iglesia de la Salvación en Çekmeköy y disparos contra el edificio de la Iglesia en Eskişehir.
También se reportaron actos de vandalismo, amenazas, daños físicos y denegaciones de permisos para actividades como distribución de folletos o celebraciones de Pascua y Navidad.
Las redes sociales han sido otro foco de hostigamiento, con insultos y amenazas dirigidas a líderes y miembros de comunidades cristianas, agudizando el clima de intolerancia.
El informe recogió también el caso de una profesora cristiana de inglés que perdió su trabajo sin causa en Malatya, habiendo sido advertida por sus vínculos con asociaciones cristianas y amistades extranjeras; su apelación fue rechazada por temor a afectar a familiares empleados públicos.
El panorama evidencia una hostilidad creciente hacia el cristianismo en Turquía, donde las autoridades optan por mecanismos administrativos y legales para marginar y debilitar la comunidad.
Estos hechos subrayan la necesidad de promover la libertad religiosa y orar por la perseverancia de los creyentes perseguidos, recordando las exhortaciones bíblicas a soportar la adversidad con fe y clamar por justicia en medio de la oposición.
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