LA VOZ DE GOICOECHEA.- El informe final de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos detalla que 1,337 personas resultaron heridas durantes las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La acción represiva del Estado contra las manifestaciones que se desarrollan desde el pasado 18 de abril en Nicaragua ha provocado la muerte de al menos 212 personas hasta el 19 de junio y ha dejado a 1,337 personas heridas, revela la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe final que presenta en una sesión extraordinaria este viernes en la Organización de Estados Americanos.
El informe de 91 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluido el 18 de junio encontró graves violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas sociales ocurridas en Nicaragua.
Entre las violaciones a derechos humanos señaladas por la CIDH están el derecho a la vida y a la integridad personal por incumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado “la cual se funda en actos u omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial, aún si actúa
La CIDH expresa su profunda preocupación por la especial afectación que ha tenido el uso excesivo de la fuerza en los derechos de los niños y adolescentes, debido en gran medida al fuerte movimiento estudiantil que participa en las manifestaciones. La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas.
En particular, de acuerdo con la información documentada por la Comisión, hasta el 20 de junio, 16 niños y adolescentes habrían muerto de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones. Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, hasta el 17 de mayo, cinco de ellos habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.
119. La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, quien el 20 de abril recibió un disparo de arma de fuego en el cuello mientras apoyaba llevando “agua a los muchachos de la UPOLI” y según fuera informado, en un primer momento, al llegar al Hospital (público) Cruz Azul, se le habría negado atención médica119.
120. La Comisión fue informada que el 19 de abril, Richard Bermúdez Pavón, 17 años de edad, recibió impactos de bala en el pecho frente a la alcaldía de Tipitapa120. El 20 de abril, también, fueron asesinados por arma de fuego Carlos Alberto Bonilla López y José Abraham Amador, ambos de 17 años. El 22 de abril, fue reportada la muerte de José Rivas, de 16 años, por impacto de bala en el pecho.
121. En este contexto, la Comisión ha señalado que cuando el Estado se encuentra en presencia de un niño, además de las obligaciones señaladas para toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas tanto del artículo 19 de la Convención Americana como del artículo VII de la Declaración Americana. En tal virtud, en primer lugar, el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño
122. Considerando lo anterior, la CIDH subraya que es deber del Estado nicaragüense poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso o exceso contra sus derechos por parte de sus agentes o terceros. En particular, la Comisión condena rotundamente el uso de la fuerza letal contra niños, adolescentes y jóvenes por agentes estales y por terceros armados.
Señala en su introducción que esa Comisión ha estado monitoreando la situación de derechos humanos en el país a partir del 18 de abril, además de la visita en el terreno ente el 17 y el 21 de mayo cuando consideró que se habían registrado 76 muertes y 868 heridos de estos 5 aún permanecían en hospitales en estado de gravedad. Mientras otros 438 fueron detenidos de manera arbitraria.
Según cifras documentadas por la CIDH hasta el 19 de junio la acción represiva del Estado ha causado al menos 212 muertes, 1337 heridos y 507 privados de libertad y cientos de personas en situación de riesgo, tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
El Estado indicó que hasta el 6 de junio registrava 98 muertes entre de los cuales hay también policías, sandinistas y población en general, con lo cual indica que las cifras de la CIDH no han sido debidamente verificadas.
Refiere que posterior a su visita el 30 de mayo “se produjo una represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes”. Según datos conocidos por la CIDH 15 personas murieron en esa marcha y 199 heridas.
Refiere hechos ocurridos con anterioridad entre los menciona que el 26 de mayo fue quemada la casa del Frente Sandinista en Altagracia, Ometepe por terceros no identuficados.La madrugada del 27 de mayo encapuchados dispararon morteros cobtra dos vigilantes en el portón de la Universidad Centroamericana (UCA), entre otros.Los hechos de represión han recrudecido en los días recientes.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la violencia y condenó todo tipo de humillación y hostigamiento que se realice por tratarse de conductas indignas para los derechos humanos que valen para todos sin distinción.
Hace alusión al informe remitido por el Estado que alega que los hechos que analiza la CIDH “no se dan el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al Gobierno (léase golpe de estado).
El documento también detalla que 507 personas estuvieron privadas de la libertad hasta el 6 de junio y que hay cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de “ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.
Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad.
“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”.
La CIDH observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores antes mencionados.
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