Estados Unidos apoya creación de Grupo de Trabajo para Nicaragua por parte de OEA

LA VOZ DE GOICOECHEA.-   El gobierno de Estados Unidos dijo este viernes su apoyo a la creación, por resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Grupo de Trabajo para Nicaragua, con el mandato de aportar a la búsqueda de solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses afecta a ese país centroamericano.

Se trata de un instrumento para señalar al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los abusos cometidos en el marco de la crisis nacional, aseguró, al formular el anuncio, en la red social Twitter, el principal subsecretario del Buró de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Francisco “Paco” Palmieri.

“Estados Unidos apoya totalmente la resolución de ayer de la OEA, como otro paso claro para responsabilizar al Gobierno de Ortega por sus abusos y la obstrucción del camino hacia la paz en Nicaragua”, tuiteó el funcionario.

Igualmente, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya el trabajo que viene realizando la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo del Diálogo Nacional que apunta a lograr una solución negociada a la dramática situación nicaragüense.

“Ya hay un marco para el diálogo, en Nicaragua. El liderazgo de la iglesia tiene apoyo de Estados Unidos, la comunidad internacional y, lo más importante, el pueblo de Nicaragua”, aseguró.

Lo que obstruye el avance hacia la pacificación del país es la actitud del presidente nicaragüense, advirtió Palmieri.

“El rechazo de Ortega para regresar al país a un camino a la paz es el único obstáculo al progreso”, planteó.

Promovido por el gobierno y con la CEN como mediadora y testigo, las conversaciones, instaladas el 16 de mayo, han sufrido varias suspensiones, la más reciente iniciada en junio y aún vigente.

Palmieri formuló las declaraciones un día después de la aprobación, en la OEA, del grupo de trabajo, con el voto favorable de 28 países, casi dos tercios de los 35 miembros de la entidad continental.

Según la resolución –impulsada por ocho países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú-, el Consejo Permanente decidió “crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua (…) cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”.

El equipo debe coordinar acciones con organizaciones afines, algunas de las cuales tienen presencia en ese país.

Por ello, también “coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales”.

El texto hace referencia al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) así como a la Comisión Interamericana de Derechos Human os (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Minutos antes de la votación, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, un militar retirado y un ex embajador nicaragüense en la OEA, advirtió que el gobierno de Ortega no autorizaría el ingreso del grupo a ese país.

Al señalar que la sesión se llevó a cabo “sin el consentimiento del gobierno”, subrayó que “nuestro país no recibirá a ninguna comisión de trabajo en nuestro territorio”, y aseguró que “rechazamos, en todas y en cada una de sus partes, esta resolución que no tendrá ninguna validez ni carácter vinculante”.

La reunión se llevó a cabo al cumplirse dos semanas de la aprobación, por parte del consejo y con el voto favorable de 21 países, de una resolución de condena a la represión y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de violenta ingobernabilidad que convulsiona a Nicaragua.

La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril –a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado casi 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, así como fuerte daño a la economía nacional.

Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.

FUENTE ELPERIODICO.CR