Asà lo resolvió este lunes la jueza Susana Porras Cascante, al señalar que hay prohibición expresa para huelgas en hospitales, centros médicos y áreas de salud.
Jueza reprochó a los sindicatos por esconderse para no ser notificados, lo que generó caos y provocó que se retrasaran gran cantidad de citas y cirugÃas.
Condenó al pago de 2,5 millones de colones a Siprocimeca, Undeca, Unión Médica Nacional, Asociación Nacional de Profesionales de EnfermerÃa y Sindicato Nacional de EnfermerÃa.
La resolución N°2018001589 de primera instancia fue emitida por la jueza Susana Porras Cascante este lunes 1 de octubre, a las 9 horas y 36 minutos.
La demanda fue presentada por la CCSS contra Siprocimeca, Undeca, Unión Médica Nacional, Asociación Nacional de Profesionales de EnfermerÃa y Sindicato Nacional de EnfermerÃa el pasado 10 de septiembre, cuando inició el movimiento huelguÃstico.
La jueza Porras Cascante consideró que tanto la normativa internacional de la Organización Internacional de Trabajo, como la legislación nacional, definen expresamente que están prohibidas las huelgas en clÃnicas y hospitales por brindar un servicio público esencial.
En ese sentido, consideró que “los sindicatos asumieron una posición reprochable y totalmente irresponsable”, porque debieron informar a sus afiliados sobre esta prohibición expresa.
Asimismo, señaló que las representaciones sindicales no acreditaron la convocatoria a la asamblea general de sindicato o el acuerdo de la convocatoria a la huelga según lo dispuesto en el Código de Trabajo.
Adicionalmente, la Jueza llamó la atención a los gremios sindicales por esconderse para no ser notificados, pues “con su actuar han generado un caos en el paÃs en el paÃs y por cuanto se ha retrasado gran cantidad de citas y cirugÃas”.
Con esta sentencia, suman diez las declaratorias de ilegalidad del movimiento huelguÃstico en instituciones públicas del paÃs, mientras una recibió sentencia de legalidad.
Las resoluciones de ilegalidad se registraron en el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banco Central, la Junta de Protección Social, la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), el Instituto Mixto de Acción Social (IMAS), Correos de Costa Rica y RefinerÃa Costarricense de Petróleo (RECOPE).
La ProcuradurÃa General de la República anunció que apelará la resolución que declaró legal el movimiento en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Para ver la sentencia de declaratoria de ilegalidad, puede acceder en el siguiente en la enlace: Sentencia de ilegalidad CCSS.
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