LA VOZ DE GOICOECHEA.- Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que México dejaría de actuar como un filtro migratorio, y actualmente su gobierno contempla otorgar visas de trabajo para los migrantes.
Ken García, de 22 años, decidió emprender el incierto camino de San Pedro Sula, Honduras, a la frontera sur de Estados Unidos, cuando su segunda hija apenas había cumplido un mes de vida.
“Con todo el dolor de mi alma tuve que dejar a mi mujer que tiene un mes de parida y venirme con mi hijo para buscar un futuro, porque nuestro país no nos apoya”, dijo García, quien se unió a la segunda caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre de 2018, cruzó Guatemala y llegó a la frontera sur de Estados Unidos un mes después.
La mayoría de los aproximadamente 7.000 hondureños que emprendieron ese viaje, todavía se encuentra en albergues temporales en Tijuana, México, en condiciones de hacinamiento, a la espera de que las autoridades estadounidenses puedan procesar sus peticiones de asilo, mientras que unos 3.000 han regresado a Honduras. A su vez, unos 15.000 hondureños preparan una nueva caravana que salía el 15 de enero, a la que se esperaba se unieran migrantes guatemaltecos y salvadoreños.
García viajaba con el pequeño Moisés Enrique, su madre, su suegra, una hermana y una cuñada: el éxodo de una familia entera, desesperada porque sus integrantes no encuentran empleo y el dinero no les alcanza para cubrir necesidades básicas como el alquiler de la casa y la comida.
Los García forman parte del 69% de hondureños que vive en condiciones de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La pobreza en el país centroamericano ha aumentado en un 5% durante los últimos diez años y al cierre de 2017, un total de 379.203 coterráneos se sumaron a la lista de pobres.
Ante estas condiciones, un creciente número de centroamericanos, como los García, está optando por migrar en familia, muchos de ellos con niños. Como resultado, el número de familias detenidas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la frontera sur de Estados Unidos se disparó durante los últimos meses de 2018, de 12.760 personas en agosto a 25.172 personas en noviembre.
También ha ido en aumento la migración de menores no acompañados, como Jonathan Alexander Losán Cruz, de 14 años, que en su mayoría huyen de la violencia pandillera.
“Me vine escapado”, dijo el niño. De semblante serio, contó que en el municipio donde vivía, en el departamento de Colón, el cual experimentó un repunte de homicidios en 2018, lo habían asaltado dos veces a punta de pistola.
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el número de niños migrantes recluidos en centros de detención ha aumentado de 2.400 en mayo de 2017 a 12.800 en septiembre de 2018.
Sueño inconcluso
El sueño de Melvin Josué Gómez era el mismo de todos los jóvenes que viajaban en la caravana: llegar a Estados Unidos, encontrar un empleo que le permita enviar remesas a su familia, y regresar a Honduras después de unos años. Gómez nació y creció en Chamelecón, un populoso barrio ubicado al sur de San Pedro Sula, que se ha convertido en una zona de guerra controlada por dos pandillas rivales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Un retén permanente de la Policía Militar que vigila cada entrada y salida en la única vía de acceso, ha comenzado a apaciguar ese sector de San Pedro Sula, ciudad que fue reconocida como la más peligrosa del mundo durante cuatro años consecutivos (de 2011 a 2014).
A partir del 2014, la tasa de homicidios en esa ciudad ha ido en descenso y entre 2016 y 2017 se redujo de 107 a 52,5 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, aunque el país, en su totalidad, cerró el 2017 con 3.791 homicidios (42,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes).
Pero la tensa calma que hoy se vive en Chamelecón es de poco consuelo para cientos de jóvenes como Gómez, que no logran encontrar empleo, ya que la mayoría de las empresas les cierran las puertas a los jóvenes que provienen de las llamadas “zonas rojas”.
Sintiéndose atrapado por esta espiral de pobreza y violencia, Gómez decidió unirse a la caravana. Llegó a México, pero jamás llegaría a la frontera sur de Estados Unidos.
Murió el 22 de octubre de 2018, al caerse de la parte trasera del tráiler en el que viajaba, precariamente en el trayecto entre Tapachula y Huixtla, en el sureño estado de Chiapas.
Gobiernos argumentan “manipulación”
En octubre de 2018, el presidente Trump publicó una serie de tuits amenazando a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala con retirarles los fondos de cooperación que reciben de Estados Unidos (unos US$180 millones para el año fiscal 2019) si no detenían la avalancha migratoria.
Pero constitucionalmente, Trump no podría suprimir estos fondos sin la aprobación del Congreso, y es altamente improbable que eso suceda tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de 2018.
Los gobiernos centroamericanos han respondido, señalando a los líderes de las caravanas de “manipular” a los migrantes con fines políticos.
“La movilización irregular fue organizada con fines políticos para afectar la gobernabilidad e imagen de Honduras y desestabilizar la paz de los países vecinos”, declaró el presidente hondureño Juan Orlando Hernández el pasado octubre.
El líder social hondureño Bartolo Fuentes, quien viajaba con la segunda caravana y fue deportado a su país por las autoridades guatemaltecas en octubre pasado, podría enfrentar cargos por tráfico de personas y asegura que teme por su vida. Señala al presidente Hernández de tratar de desviar la atención de los problemas socioeconómicos y políticos que han motivado el éxodo de migrantes.
“Este movimiento de personas no está financiado ni organizado por nadie. La gente está huyendo de la miseria y del hambre en Honduras”, dijeron las fuentes.
“Por quedar bien con Estados Unidos, este gobierno está buscando responsables cuando los responsables son ellos. Están criminalizando la migración y a quienes hacemos algo a favor de los derechos de los migrantes”, agregó.
Mientras, miles de migrantes permanecen hacinados en centros de detención en ambos lados de la frontera sur de Estados Unidos, provocando una crisis humanitaria sin precedentes y suscitando fuertes señalamientos contra las autoridades migratorias estadounidenses, a las cuales se les acusa de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la separación de familias, la falta de atención médica para la niñez migrante y la práctica de introducir a los detenidos a cuartos refrigerados conocidos como “hieleras”.
Entre los casos que más han conmovido a la opinión pública se encuentra el de Jakelin Caal Maquín, una niña guatemalteca de siete años que murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, tras no haber tomado agua ni alimentos durante días.
México: un giro en política migratoria
Mientras que el gobierno de Donald Trump permanece atrincherado en su postura anti-migrante, en México, la victoria del candidato de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador, presagia un giro en su política migratoria.
En 2014, ante la llegada de una ola de menores centroamericanos no acompañados a la frontera sur, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció entonces el Programa Frontera Sur, el cual reforzó las medidas de seguridad en 12 puntos fronterizos con Guatemala y Belice. Las autoridades mexicanas también impidieron que los migrantes siguieran utilizando el tren conocido como “La Bestia”, para llegar a la frontera norte de México.
Con la implementación de esta política, desde 2014, México se convirtió en el principal expulsor de indocumentados centroamericanos, llegando a superar la cifra de deportaciones de centroamericanos desde Estados Unidos. De enero de 2015 a septiembre de 2018, México deportó a 436.125 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, mientras que Estados Unidos deportó a 293.813 en el mismo periodo.
Pero durante la campaña presidencial, el presidente López Obrador dejó entrever que México dejaría de actuar como un filtro migratorio: “Los vecinos del norte quisieran que les continuemos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que huyen por la violencia y por miseria”, dijo durante un debate en mayo de 2018.
La nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el presidente López Obrador, quien tomó posesión en enero de este año, ofrecerá visas de trabajo a los migrantes centroamericanos para que participen en la construcción de obras de infraestructura y en la reforestación de la cuenca del Río Usamacinta, en el sur de México.
Su objetivo, agregó la funcionaria mexicana, es impulsar el desarrollo en el Triángulo Norte centroamericano para que las personas no se vean obligadas a migrar a causa de la pobreza y la violencia.
“Vamos a dar visas de trabajo, vamos a construir el Tren Maya, el Tren Transístmico, vamos también a plantar cuatro millones de árboles, vamos a darle trabajo a nuestros mexicanos y a migrantes que vengan a nuestro país con el tema de construir también algo importante”, dijo Sánchez Cordero el pasado octubre.
Para Néstor Rodríguez, experto en migración de la Universidad de Texas, en Austin, este programa podría contribuir a aliviar la crisis migratoria que atraviesa Centroamérica.
“Proporcionarles visas de trabajo a los centroamericanos es una muy buena idea. Cualquier cosa que México pueda hacer será de mucha ayuda no solo para impedir que los migrantes ingresen a los Estados Unidos sino para asegurar el bienestar de los migrantes”,afirmó Rodríguez.
Los esfuerzos que ha hecho López Obrador para convencer a su homólogo estadounidense de apostarle a la inversión en el sur de México y Centroamérica como estrategia para mitigar la pobreza en esa región y detener el éxodo migratorio, parecen estar dando frutos.
En diciembre de 2018, el gobierno estadounidense se comprometió a invertir US$5.800 millones en proyectos de desarrollo para el Istmo centroamericano.
Además, anunció que invertiría US$4.800 millones en proyectos público-privados en México por medio de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), de los cuales US$2.000 millones se destinarán a los estados sureños del país.
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