LA VOZ DE GOICOECHEA.- Concejo Municipal de Goicoechea aprobó 9 votos a favor y uno en contra - regidor Fernando Chavarría Quirós- acuerdo donde se solicita a la administración informar por qué se dejaron pasar 9 años para proceder a realizar la gestión de un cobro de reparación integral de daños a favor de la municipalidad, definida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito de San José según el expediente 03-2811-175 por malversación de fondos.
El pasado 27 de agosto www.lavozdegoicoechea.info, publicó una nota con el título, "Concejo Municipal está en todas menos en lo que le corresponde", donde se exponía que ese órgano colegiado en la sesión del 10 de agosto conoció un informe de una denuncia del ciudadano José Andrés Chavarría Ureña - contra el ex proveedor municipal y actual directivo del Comité Cantonal de Deportes y asesor Ad honórem de la vicealcaldía municipal Gerardo Chaves Loria, por falta al deber de probidad de la ética y la moral, según criterio del denunciante.
En ese informe del alcalde anexo un oficio emitido por el Director Administrativo – Financiero Municipal, informando que el 31 de marzo de 2020 se suscribió un compromiso de pago con el denunciado para la atención de la deuda pendiente por acuerdo de reparación integral de daños a favor de la municipalidad, definida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito de San José por la suma de 20 mil colones mensuales, a partir de la segunda quincena del mes de julio de 2020.
También se anexó otro oficio esta vez emitido por el Director Jurídico de la municipalidad, donde remite el voto 336-2011 dictado por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, el 08 de agosto de 2011, con el que ese tribunal declaró sobreseimiento a favor del exfuncionario, por la reparación integral del daño, denunciado por el ciudadano de apellido Chavarría Ureña.
En esa publicación de “La Voz de Goicoechea” dijo que ninguno de los 18 regidores (9 propietarios y 9 suplentes) detectaron que del momento que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, aceptó la conciliación entre ambas partes – arreglo de pago que dio motivo para declarar el sobreseimiento a favor del ex proveedor – y la firma del compromiso de pago y el primer deposito mensual, han transcurrido 9 años y nadie dijo nada, ni cuenta se han dado, publicó el medio.
Ante esa publicación el concejo municipal procede entonces a solicitar a la administración que se informe inmediatamente el estado real de esos hechos, que se indique porqué se dejaron pasar 9 años para realizar la gestión de cobro de esos dineros, quién era el funcionario o departamento que debió dar seguimiento a esta reparación de ese daño, tomado en cuenta que esos fondos son públicos.
El acuerdo aprobado solicita se indique los posibles responsables que incumplieron con las labores de in vigilando generando con ello una clara y franca desvalorización del control interno, además si al momento de suscribir ese arreglo de pago se incluyeron intereses y si los mismos han sido sumados a la deuda original.
Y por último se solicita información de las acciones tomadas a los posibles responsables por su inejecución al incumplimiento por nueve años de un acuerdo tomado mediante las normas de la resolución de conflictos, que conllevó a un acuerdo conciliatorio con el entonces proveedor municipal de apellido Chaves Loria
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