LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), encabezada por el viceministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva del BANHVI, Roy Allan Jiménez, y la presidenta ejecutiva del INVU con rango de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra funcionarios involucrados en la aprobación de proyectos habitacionales con serias irregularidades.
Los proyectos en cuestión, aprobados por el BANHVI entre 2018 y 2019, con un monto de más de 4 mil millones de colones, no cuentan con las condiciones adecuadas para vivir, dejando a 149 familias de Turrialba y Puntarenas sin casa propia debido a que los estudios preliminares no reflejaron la realidad de los terrenos. Los procesos corresponden a situaciones acontecidas en las urbanizaciones Bellavista en Turrialba y Santa Fe en Chacarita de Puntarenas.
Según los jerarcas del Sector Vivienda, los proyectos financiados por el BANHVI presentaron problemas que debían ser identificados desde la realización de los estudios preliminares, por lo que se financiaron cambios sustanciales en los diseños originales para subsanar los problemas. A pesar de ello, las condiciones habitacionales no cumplen con los estándares necesarios para garantizar una vivienda digna y segura.
"Realizamos esta denuncia porque no podemos seguir permitiendo que se desarrollen proyectos que no sean habitables y pongan en riesgo las familias que con ilusión han accedido a un bono de vivienda. Es nuestro deber denunciar a quienes tienen la responsabilidad de detectar los errores en el proceso y permitieron que siguiera su curso cuando lo correcto era detener su construcción desde el inicio y solventar los problemas hallados", indicó la presidenta ejecutiva del INVU con rango de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
El viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos y presidente de la Junta Directiva del BANHVI, Roy Allan Jiménez Céspedes, agregó que las inversiones públicas en vivienda deben garantizar una mejor calidad de vida y un hábitat adecuado para las familias, incluyendo acceso a servicios básicos, facilidades de transporte, educación, salud y oportunidades de empleo. Desde su perspectiva, otorgar un bono no es suficiente, y es necesario mejorar la calidad de las viviendas y sus respectivos entornos.
Ambos casos se aprobaron en la administración anterior por la Junta Directiva del BANHVI para que se financien mediante el artículo 59 de la Ley 7052 del Sistema Financiero para la Vivienda. Los jerarcas del Sector Vivienda esperan que estas denuncias permitan identificar y corregir los problemas presentados en estos proyectos habitacionales, y garantizar una vivienda digna y segura para las familias en Costa Rica.
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