Funcionario lleva 5 años esperando el pago de sus salarios caídos y SINAC-MINAE aún no cumple con la orden judicial
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En un preocupante incumplimiento de sentencias judiciales, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) - Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se encuentra en el centro de la controversia por no haber realizado el pago de salarios caídos a un funcionario reinstalado, a pesar de resoluciones legales en firme que ordenaban su reintegración y compensación.
Este caso ha sido una lucha de cinco años para el funcionario de apellido Atencio Bermúdez, originario del cantón de Osa, en el sector de los ramales del Río Sierpe. La situación comenzó en mayo de 2017, cuando la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia 2017-000622 bajo el expediente 09-002766-LA. Esta sentencia no solo dispuso la reinstalación de Atencio Bermúdez en sus funciones laborales originales, sino que también ordenó el pago de salarios caídos desde el momento en que fue separado de su cargo hasta su reincorporación efectiva, además de incluir los aguinaldos, salarios escolares y vacaciones. .
A pesar de las claras directrices de la sentencia y otras resoluciones judiciales firmes y sin impugnaciones, el SINAC-MINAE ha dejado el plazo estipulado para cumplir con el pago de los salarios caídos. Los salarios pendientes de pago abarcan el período comprendido entre el 26 de julio de 2018 y el 16 de abril de 2023, tal como fue dictaminado por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
Ana Lucia Ovares Jaén, quien ocupa el cargo de jefa de Recurso Humano de Áreas de Conservación, en su oficio DFC-0088, reconoce el adeudo de los salarios caídos a Atencio Bermúdez. Sin embargo, Ovares Jaén señala que los salarios caídos fueron cancelados solo hasta el 26 de julio de 2018, dejando un período de cinco años sin remuneración que debe ser cubierta por la institución.
La falta de cumplimiento en este caso plantea serias interrogantes sobre el respeto y la ejecución de las resoluciones judiciales por parte de entidades gubernamentales. Aunque las sentencias en cuestión son claras y no han sido objeto de impugnación ni de desistimientos por parte de las autoridades judiciales, el funcionario afectado aún espera la restitución de sus derechos laborales y la compensación que le corresponde.
La situación de Atencio Bermúdez pone de manifiesto la importancia de garantizar que las decisiones judiciales sean cumplidas de manera puntual y efectiva por parte de las instituciones pertinentes. El caso sigue en desarrollo, y queda por ver cómo se resolverá esta problemática que afecta tanto a los derechos laborales del funcionario como a la integridad del sistema judicial y su capacidad para hacer valer sus decisiones.
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