LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, Nayuribe Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión, contemplado en el artículo 355 del Código Penal.
Este
delito establece penas de entre 2 y 8 años de prisión para cualquier
funcionario público que, abusando de su cargo, obligue o induzca a una persona
a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea
para sí o para un tercero.
La
acusación fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, conforme al
procedimiento especial de juzgamiento para miembros de los Supremos Poderes.
Además, se notificó a la Procuraduría General de la República, para que defina
si desea constituirse en querellante o actor civil dentro del proceso.
El
caso, identificado con el expediente 25-000019-0033-PE, se centra en una
supuesta contratación a la medida realizada durante el actual periodo
presidencial (2022-2026), a favor de la empresa RMC La Productora S.A. La
compañía habría sido contratada para prestar servicios de comunicación,
mercadeo, producción de mensajes y análisis de opinión pública para la
Presidencia de la República.
Según
la tesis del Ministerio Público, el empresario Christian Bulgarelli fue
inducido u obligado a favorecer con $32,000 al coimputado Alejandro Cruz
Saravanja —asesor personal y de campaña del presidente, además de amigo
cercano— a través de un contrato de consultoría con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE). Dicho monto habría sido utilizado para la compra
de una vivienda.
En
relación con este hecho, Cruz enfrenta una causa penal independiente,
registrada bajo el número 25-000044-0033-PE.
Asimismo,
la acusación sostiene que Bulgarelli mantuvo reuniones previas con funcionarios
en Casa Presidencial, donde fue instruido para redactar él mismo los términos
de referencia de la contratación.
Aplicación
de criterio de oportunidad
En
este proceso, la Fiscalía aplicó un criterio de oportunidad a favor de
Bulgarelli, amparado en el inciso b del artículo 22 del Código Procesal Penal.
Esta medida se emplea en casos de delitos graves, cuando el imputado se
compromete a colaborar eficazmente con el esclarecimiento de los hechos y
aportar pruebas clave contra los principales acusados.
Bulgarelli
también figura como imputado en la causa 25-000043-0033-PE, sobre la cual se
pedirá la suspensión temporal de la acción penal, a la espera de una sentencia
firme en este nuevo proceso. No obstante, si su colaboración no resulta útil
para los fines del Ministerio Público, se reactivará la persecución penal en su
contra.
¿Qué
es el delito de concusión?
La
concusión es un delito que implica una exacción ilegal por parte de un
funcionario público. Esto puede incluir exigir pagos indebidos o superiores a
los permitidos por ley, en beneficio propio o de terceros. La pena puede
agravarse si se utiliza intimidación o se invocan órdenes de superiores para
cometer el acto.
El proceso continúa su curso ante la Corte Plena, y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir, así como la posición que asumirá la Procuraduría General de la República en representación del Estado.
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