LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Gobierno de la República, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, eliminó oficialmente el interés público y el financiamiento estatal destinado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un compromiso asumido por Costa Rica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2015.
Los
cambios se formalizaron mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE,
firmado por Chaves y por los ministros de Planificación Nacional y Política
Económica, de Ambiente y Energía, y de Relaciones Exteriores. El decreto fue
publicado en un alcance extraordinario del diario oficial La Gaceta este martes
2 de abril.
En
concreto, la modificación elimina dos artículos clave del decreto anterior: uno
que declaraba de interés público la implementación de los ODS en Costa Rica, y
otro que establecía la posibilidad de asignar financiamiento público a esta
iniciativa internacional.
La
Agenda 2030 representa un esfuerzo global para enfrentar los principales
desafíos del desarrollo humano y ambiental. Abarca 17 objetivos que van desde
la erradicación de la pobreza y el hambre, hasta la promoción de la igualdad de
género, la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de las
instituciones.
Con
esta decisión, el Gobierno de Chaves marca un distanciamiento de las metas
planteadas por la comunidad internacional en materia de desarrollo sostenible,
lo cual ha generado reacciones divididas entre sectores sociales, académicos y
políticos del país. Mientras algunos aplauden lo que consideran una reducción
de compromisos internacionales que podrían afectar la soberanía y las finanzas
públicas, otros advierten sobre un posible retroceso en los esfuerzos
nacionales por un desarrollo equitativo y ambientalmente responsable.
Hasta
el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido un comunicado oficial explicando
las razones detrás de esta decisión. Sin embargo, se espera que en los próximos
días se generen debates tanto en la Asamblea Legislativa como en espacios de la
sociedad civil sobre el impacto de esta medida en las políticas públicas y en
la proyección internacional del país.
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