ADIE: ¿Motores de desarrollo o estructuras capturadas?

La preocupante distancia entre la teoría y la realidad de las Asociaciones de Desarrollo Integrales y Especificas (ADIE) en Costa Rica

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak, columnista).- En muchos cantones del país, la existencia de las Asociaciones de Desarrollo, tanto integrales como específicas, es un misterio para gran parte de la ciudadanía. Pese a su relevancia teórica como organizaciones comunitarias destinadas a mejorar la calidad de vida mediante proyectos sociales, económicos, culturales y ambientales, en la práctica muchas de estas asociaciones operan con escasa transparencia y mínima participación ciudadana.

Estas asociaciones están abiertas a la afiliación de cualquier persona mayor de 12 años —según lo disponga su reglamento— que resida legalmente en el territorio correspondiente. Su financiamiento no depende exclusivamente del alquiler de salones comunales, como suele creerse, sino que proviene de tres fuentes principales: fondos estatales, aportes comunales y donaciones.

El Estado costarricense destina a estas asociaciones el 2% de la recaudación del impuesto sobre la renta, administrado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). A esto se suman aportes de instituciones públicas, municipalidades, organizaciones no gubernamentales y recursos generados por la propia comunidad mediante alianzas, proyectos productivos o actividades sociales.

La administración de estos fondos recae en la Junta Directiva, integrada por al menos siete personas, con el tesorero como figura clave. La ley establece que la gestión debe ser eficiente y, sobre todo, transparente. Sin embargo, esa transparencia es hoy precisamente el punto de quiebre entre la normativa y la realidad.

Asociaciones ausentes y politizadas

En muchos casos, estas organizaciones funcionan como entes cerrados, con escasa o nula vinculación con sus comunidades. Se han documentado situaciones en las que operan bajo el control de grupos políticos, usándolas como instrumentos para obtener respaldo electoral mediante el intercambio de favores por votos.

Existen casos en los que los ingresos por alquileres comunales no están debidamente registrados o simplemente no existen libros contables ni documentos legales actualizados. Algunas juntas recomiendan a personas para becas u otros beneficios públicos basándose en vínculos personales, no en criterios técnicos. Incluso se ha vuelto común que síndicos de distrito presidan juntas directivas, reforzando el control político de estos espacios.

Todo esto ocurre bajo una débil o inexistente fiscalización por parte de DINADECO y las municipalidades, quienes tienen la obligación legal de supervisar el manejo de fondos públicos.

¿Qué camino queda?

La realidad de las ADI dista mucho de su propósito original. En lugar de ser motores del desarrollo local y la participación ciudadana, muchas han caído en el descrédito y el clientelismo. La única manera de revertir esta situación es con una participación comunal real y consciente.

La ciudadanía debe asumir un rol activo: afiliarse, asistir a las asambleas, exigir rendición de cuentas y velar por el uso correcto de los recursos. Solo así será posible recuperar estas asociaciones como herramientas para el desarrollo equitativo, democrático y sostenible de nuestras comunidades.

- Goicoechea es el cantón número 8 de la provincia de San José, fundado en 1891. Donde orgullosamente decimos: "De la montaña a la ciudad, así se extiende mi cantón". "Goicoechea, Goicoechea, te llevo en el corazón." -

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