LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- Hace pocos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó nuestro país y sostuvo un encuentro con su homólogo Rodrigo Chaves, acompañado por el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad y otras figuras clave del gobierno costarricense. Más allá de los temas protocolarios, la visita tuvo un punto de interés particular: la inspección al Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro, conocido popularmente como “La Reforma”.
Bukele,
célebre por su férrea política de seguridad y su combate frontal contra las
pandillas, llegó con un objetivo claro: conocer de primera mano el estado de la
infraestructura y el sistema penitenciario costarricense. Y su diagnóstico fue
tan directo como provocador: “Las cárceles en Costa Rica actualmente son un
lujo, a como estaban hace años las de El Salvador”, declaró, estableciendo una
comparación inevitable con la situación que encontró al asumir la presidencia
en su país.
Esta
visita y sus declaraciones abren un debate urgente. ¿Estamos destinando
recursos de forma efectiva en nuestro sistema penitenciario? ¿Es viable, ética
y funcional una reforma al estilo de la que Bukele ha implementado en El
Salvador? ¿O estaríamos sacrificando derechos humanos fundamentales en aras de
una seguridad que, aunque tangible en cifras, es cuestionada por organismos
internacionales?
El
ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ya ha empezado a aplicar algunas
recomendaciones inspiradas en el modelo salvadoreño, lo que ha generado revuelo
entre familiares de reclusos, organizaciones defensoras de derechos humanos e
incluso dentro del mismo sistema. Las medidas más estrictas, aunque populares
entre sectores que claman por mayor seguridad, también despiertan dudas sobre
su impacto a largo plazo.
¿Necesitamos
mayor mano dura? ¿La construcción de una mega cárcel al estilo del Centro de
Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es la respuesta a la creciente ola
delictiva que golpea al país? ¿O debemos buscar un equilibrio entre seguridad,
rehabilitación y respeto a los derechos humanos?
Lo
cierto es que el modelo Bukele ha mostrado resultados inmediatos: una drástica
reducción en los índices de homicidios y delitos de alto impacto en El
Salvador, lo que ha llevado al mandatario a convertirse en un referente de
políticas de seguridad en la región. Sin embargo, también ha encendido alarmas
internacionales por las denuncias de violaciones a los derechos fundamentales.
El
presidente Rodrigo Chaves parece dispuesto a escuchar —y quizá a replicar—
algunas de esas estrategias. La pregunta que queda en el aire es si Costa Rica
está dispuesta a pagar el precio político, social y ético que implicaría seguir
ese camino.
Hoy más que nunca, este es un tema que nos involucra a todos. Desde esta tribuna, invitamos respetuosamente a nuestros lectores a reflexionar y compartir su opinión. ¿Debe Costa Rica endurecer su política penitenciaria al estilo de Bukele, o apostar por una reforma más integral y humanista? La discusión apenas comienza.
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