LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La
fiscalía general de la República presentó este lunes una acusación formal ante
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia contra siete miembros de los
Supremos Poderes, por su presunta implicación en delitos relacionados con el
financiamiento político ilícito durante la campaña electoral 2022-2026.
Los
imputados son el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el primer
vicepresidente, Stephan Brunner Neibig; el canciller de la República, Arnoldo
André Tinoco; así como los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Manuel
Esteban Alpízar Loaiza, Daniel Vargas Nájera y Luz Mary Alpízar Sanabria.
La
acusación, contenida en el expediente 22-000116-1218-PE, fue tramitada
directamente por el fiscal general Carlo Díaz, como lo establece la normativa
vigente para casos en los que se involucra a personas con fuero constitucional.
Según
la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos mecanismos
paralelos al sistema electoral oficial para financiar la campaña del Partido
Progreso Social Democrático (PPSD): un fideicomiso privado y las cuentas
bancarias personales de una mujer de apellido Agüero. Esta última enfrenta un
proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo la
investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y
Anticorrupción.
Ambas
estructuras operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE) y de la Tesorería del partido, en contravención de lo estipulado por el
Código Electoral. Según la Fiscalía, esta actuación vulneró principios
esenciales como la legalidad, la transparencia y la publicidad en el
financiamiento político, afectando la integridad del proceso electoral.
El
Código Electoral costarricense exige que toda contribución a partidos,
candidaturas o precandidaturas provenga de personas físicas nacionales,
debidamente identificadas, y que sean canalizadas únicamente por medios
oficiales del partido político.
La
acusación sostiene que existen suficientes elementos de convicción, en el grado
de probabilidad requerido en esta fase procesal, para señalar a los imputados
como presuntos autores de delitos tipificados en los artículos 273, 274 inciso
e), y 275 incisos a) y b) del Código Electoral.
Ahora,
la Corte Suprema de Justicia deberá valorar la acusación y decidir si solicita
a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de los implicados,
paso necesario para la apertura formal del proceso judicial, conforme al
procedimiento especial para juzgar a miembros de los Supremos Poderes.
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