CCSS: El paraíso de la impunidad
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa institución que históricamente
ha sido el corazón del sistema de salud pública en Costa Rica, hoy parece más
bien un paciente en cuidados intensivos. No por falta de recursos —eso es lo
que te van a decir desde los escritorios de mármol en San José centro— sino por
una cadena de decisiones absurdas, negligentes, y quizás no tan inocentes, que
dan mucho que pensar.
En
julio de 2024, alguien en la jerarquía de la Caja, suponemos que pensó:
“¿Y
si le quitamos el poder de representación judicial a alguno o todos los
abogados externos que llevan los cobros de deudas?”
Y
otro respondió:
“¡Brillante
idea! ¿Para qué queremos cobrar deudas si podemos seguir hundiéndonos en el
déficit?” que la impunidad sea una realidad.
Y
así parece que lo hicieron. En un acto digno de una tragicomedia kafkiana, la
CCSS revocó los poderes a algunos o todos los abogados externos, sin
reemplazarlos, sin plan, sin estrategia. Miles de juicios civiles de cobro
quedaron en el limbo. Los deudores respiraron aliviados. Y la Caja... bueno, la
Caja empezará a perder millones como si fueran hojas que se lleva el viento.
¿Qué
pasa cuando abandonan un juicio?
No
hace falta ser abogado, solo tener un poco de sentido común para dar respuesta.
Si vos demandas a alguien y dejas de mover el caso, el juzgado lo entierra.
Literalmente.
Según
el Código Procesal Civil: Si no haces nada en tres meses, el juicio se declara
desierto. Es como si nunca hubiera existido. Chau deuda.
Si
ya embargaste bienes y no seguís el caso en seis meses, el juicio caducó. Te
levantan el embargo, le devuelven la plata al deudor, y vos —en este caso la
CCSS— te quedas viendo para el ciprés.
Y
lo peor: si pasa el tiempo sin mover un dedo, la deuda prescribe. Legalmente
desaparece. Se esfuma. Ni con llorar la recuperas.
¿Bonus
track? La CCSS puede ser obligada a pagar las costas del juicio. O sea, además
de no cobrar nada, paga por haber molestado.
Y
aún falta lo peor: la CCSS deberá pagar los honorarios a los abogados cuyos
poderes fueron revocados, ya que, al dejarlos sin representación judicial, en
la práctica se les desvinculó del proceso como si hubiesen sido despedidos. La
suspensión del poder especial equivale a una terminación unilateral de la
relación profesional, lo que podría generar demandas por daños, perjuicios e
incluso costas judiciales.
La
CCSS va a pagar a los abogados, va a pagar daños a los morosos denunciados,
hasta va tener que pagar daños y perjuicios, y quien se hará responsable por
semejante barrabasada.
Los
ganadores:
Los
deudores sinvergüenzas que no le quieren pagar a la caja.
Gracias
a esta genialidad legal:
Muchos
procesos se extinguieran.
Se
levantarán embargos.
Se
devolverá plata embargada.
Se
blanquearán deudas multimillonarias sin que nadie de la cara.
¿Quiénes
son los cerebros de esta joya?
La
revocación de poderes a los abogados externos en julio de 2024 no fue un
accidente ni una ocurrencia espontánea. Fue una decisión deliberada, respaldada
y ejecutada por una cadena de mando que, lejos de actuar en beneficio de la
institución, parece haber optado por la inacción y el silencio cómplice.
Los
nombres están ahí, firmando papeles mientras el barco se hunde, listaremos a
los altos jerarcas de la Caja que son los responsables de mantener a la Caja a
flote, y supuestamente tienen responsabilidad directa e indirecta con la
desgracia que se viene por su acción e inacción en este tema:
Junta
Directiva de la CCSS (agosto 2024)
La
Junta Directiva, máxima autoridad de la CCSS, estaba conformada por los
siguientes miembros:
Mónica
Taylor Hernández – presidenta ejecutiva. Designada por el Consejo de Gobierno
el 8 de enero de 2025.
Edgar
Villalobos Brenes – Representante del Estado. Abogado especialista en Derecho
Comercial Internacional.
Francisco
González Jinesta – Representante del Estado. Médico con experiencia en
administración hospitalaria.
Juan
Manuel Delgado Martén – Representante Patronal. Abogado con experiencia en el
sector público.
Juri
Navarro Polo – Representante Patronal. Médico cirujano pediátrico.
Rocío
Ugalde Bravo – Representante de los Trabajadores.
Martha
Rodríguez González – Representante de los Trabajadores.
Martín
Robles Robles – Representante de los Trabajadores.
Vianey
Hernández Li – Representante de los Trabajadores.
Estos
miembros, al aprobar la revocación de poderes sin establecer mecanismos
alternativos para la continuidad de los procesos judiciales, se convirtieron en
actores clave de esta crisis institucional.
Gerencias
de la CCSS (agosto 2024)
La
estructura gerencial, encargada de la ejecución operativa y administrativa,
presentaba la siguiente conformación:
Gerencia
General: María de los Ángeles Gutiérrez. Nombrada interinamente en septiembre
de 2024.
Gerencia
Administrativa: Gabriela Artavia Monge. Su nombramiento fue prorrogado por seis
meses a partir de septiembre de 2024.
Gerencia
Financiera: Gustavo Picado Chacón. Ha enfrentado críticas y procesos penales y
administrativos por su “gestión”.
Gerencia
Médica: Wilburg Díaz Cruz. Ha ocupado el cargo de forma interina en múltiples
ocasiones, reflejando la inestabilidad en esta gerencia.
Gerencia
de Pensiones: Jaime Barrantes. Encargado de proponer reformas al régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Gerencia
de Logística: Eithel Giovanni Corea Baltodano. Nombrado interinamente tras la
renuncia de su antecesor.
Auditoría
Interna de la CCSS
Ólger
Sánchez Carrillo: el auditor cercado por las sombras...
Auditor
Interno. Denunció el sobreprecio de ₡12.400 millones anuales en la contratación
de Ebais, dando origen al caso “Barrenador”, claro ataque a la gestión del
Gobierno de Rodrigo Chaves. En 2024 fue señalado públicamente por el presidente
Rodrigo Chaves, quien insinuó una relación personal impropia con un asistente
condenado por narcotráfico y con tobillera trabajando para la institución.
Sánchez respondió que era una mentira para desacreditar su trabajo, sin
desmentir ni aportar ninguna prueba que contradiga a lo dicho por el presidente
de Costa Rica.
No
tiene causas judiciales en su contra, pero su figura se ha politizado. El hecho
de que lo ataquen desde la Presidencia muestra lo incómodo que resulta su papel
fiscalizador y entredicho de su capacidad para ocupar dicho puesto.
Dirección
Jurídica de la CCSS
Gilberth
Alfaro Morales: el abogado de la Caja… ¿y de quién más?
Director
Jurídico desde 2006. Enfrentó una denuncia de acoso laboral presentada por él
mismo contra la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel, luego de que se le
excluyera de la Junta Directiva. A su vez, un grupo de funcionarios lo señaló
por conductas impropias y mala gestión dentro de su dirección. Lo negó todo.
En
2024 denunció penalmente un contrato con el ICE por ₡103.000 millones por
posibles irregularidades. Sin embargo, no se ha pronunciado públicamente sobre
la revocatoria de poderes judiciales, secreto institucional al parecer. Su
silencio es escandaloso para quien debe velar por la legalidad de las
decisiones institucionales. Por lo menos debe de hacer una publicación donde
renuncie por su falta de capacidad.
La
Caja no cuenta con abogados internos para asumir la gestión del cobro judicial,
además de mal pagados, saturados de funciones extras, sin asistentes, sin
secretaria, una completa burla al ejercicio de abogacía. Además de exponerse a
demandas y sanciones del Colegio si llegan a intervenir en procesos monitorios
activos, ya que la misma Caja aún no ha cancelado los honorarios a los abogados
externos a los que simplemente les dijo chao se van, pero sin plata.
Quien
se hará responsable de semejante estupidez. quién pagará los daños ocasionados
a la Caja?
Gerencia
Financiera: Gustavo Picado Chacón
El
presidente Rodrigo Chaves le dijo en su cara, "CORRUPTO", el Cara de barro
de Gustavo Picado solo se río, ni rojo se puso.
Actual
Gerente Financiero. En 2012, una comisión legislativa lo señaló como
corresponsable de la crisis financiera de la CCSS y pidió su inhabilitación. En
2021 fue nombrado nuevamente en el cargo, pese a estar imputado por delitos
como fraude de ley y administración fraudulenta en la causa penal
12-000046-0615-PE. La Procuraduría calculó el daño social en ₡217.000 millones.
En
2023 fue suspendido por cuatro meses (con goce de salario) por graves
inconsistencias contables detectadas por Deloitte. Pese a eso, afirmó que estar
bajo investigación “no afecta” su continuidad. Se sospecha que su gerencia tuvo
participación o al menos conocimiento de la revocatoria de poderes a los
abogados externos, lo que tendría sentido bajo un supuesto “plan de
austeridad”.
Dirección
de Cobros oficinas centrales de la Caja
La
Dirección de Cobros, bajo la responsabilidad de Luis Diego Calderón Villalobos,
ha mantenido una postura pasiva frente a la crisis. A pesar de ser el área
encargada de la recuperación de fondos, no ha implementado acciones efectivas
para mitigar el impacto de la revocación de poderes, permitiendo que los
procesos judiciales queden en el abandono.
La
morosidad institucional se ha agravado bajo su gestión. En 2024, ejecutó la
revocatoria de poderes a los abogados litigantes que llevaban los cobros
judiciales. Esta acción se hizo sin un plan de contingencia. Miles de juicios
serán o fueron abandonados y los deudores quedarán sin oposición legal.
La
Contraloría había pedido una estrategia firme de cobro. Calderón hizo
exactamente lo contrario. No existen denuncias penales contra él, pero su
capacidad técnica ha sido gravemente cuestionada y no debería permanecer en un
puesto tan importante para la Caja.
Direcciones Regionales de Sucursales, Central, Huetar, Chorotega, Norte
Los
directores regionales, responsables de las sucursales en todo el país, han
optado por el silencio. Su inacción y falta de pronunciamiento ante esta
situación crítica reflejan una preocupante falta de compromiso con la
institución y con los asegurados que dependen de sus servicios.
La
impunidad como norma en la Caja del chorizo social
Los
sindicados siguen en sus puestos. Picado, imputado, sigue al frente de las
finanzas. Calderón, el cobrador que no cobra, permanece en el cargo. Alfaro
sigue en la Dirección Jurídica sin explicar su rol en el abandono judicial.
Sánchez resiste, pero es blanco de presiones y cuestionamientos sin defenderse.
Nadie ha renunciado. Nadie ha sido destituido. Nadie responde por millones
perdidos y que se perderán.
Los
costarricenses ven cómo la CCSS se desangra institucionalmente. Una revocatoria
irresponsable dejará a los morosos sin castigo. El daño financiero es profundo,
pero el daño ético es mayor. Si no hay consecuencias, la Caja será devorada por
la misma impunidad que prometió combatir.
La
combinación de decisiones cuestionables, falta de liderazgo y omisión de
responsabilidades ha sumido a la CCSS en una crisis sin precedentes, donde la
impunidad y la negligencia parecen ser la norma.
Chaves
lo dijo claro: “Hay corrupción en la CCSS”
Rodrigo
Chaves, que no se guarda nada, lo gritó a los cuatro vientos:
“Hay
personas enquistadas en la Caja que se han dedicado a proteger intereses de
grupos, no de los asegurados. Si no se depura esta institución, no va a quedar
ni para una pastilla de acetaminofén.”
Y
no estaba exagerando. Hoy no es que falte acetaminofén, es que sobran las
excusas, la impunidad y los burócratas con poder, pero sin responsabilidad.
Esto
no es un error administrativo. Es abandono institucional.
Lo
que está pasando en la CCSS no es un simple problema legal. Es una traición. Se
dejó de lado el deber de proteger los recursos públicos. Y lo más grave: se les
regaló impunidad legal a los deudores.
Miles
de millones de colones en juego. Procesos perdidos. Recursos que jamás llegarán
a la Caja. Servicios médicos que podrían colapsar. Todo porque alguien decidió
apagar la máquina del cobro judicial y tirarla al basurero sin siquiera leer el
manual.
Y
mientras tanto, los responsables siguen en sus oficinas, cobrando salarios de
lujo, con aire acondicionado y carro asignado. El pueblo, como siempre, se
queda pagando la cuenta.
¿Y
la justicia?
La
historia se repite: funcionarios señalados, investigaciones en curso y, al
final, ninguna sentencia firme. La impunidad se ha convertido en una constante
en la CCSS. Aquí algunos casos emblemáticos:
1.
El escándalo de las mascarillas
Durante
la pandemia, se adjudicaron contratos millonarios para la compra de mascarillas
a empresas sin experiencia. Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de
Logística de la CCSS, es señalado por su presunta participación en un esquema
de corrupción que incluyó pagos adelantados y entrega de productos no aptos
para uso médico.
2.
El desfase financiero del periodo de Arias
La
Fiscalía acusó a 18 jerarcas de la CCSS por un "desfase financiero"
durante el gobierno de Óscar Arias. Se les imputan delitos como influencia
contra la Hacienda Pública, fraude de ley y administración fraudulenta. El
caso, relacionado con aumentos salariales y cesantías, fue denunciado en 2012 y
aún no ha sido resuelto.
La
CCSS, una institución que debería ser ejemplo de transparencia y eficiencia, se
ha convertido en un símbolo de impunidad. Los casos se acumulan, las
investigaciones se eternizan y los responsables siguen libres, algunos incluso
en puestos de poder. Mientras tanto, los costarricenses ven cómo unos pocos
incompetentes desbaratan el sistema de salud que con tanto esfuerzo hemos
sostenido.
Es
hora de que la justicia deje de mirar hacia otro lado y actúe.
*
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