LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea responder, en un plazo de tres días hábiles, a una serie de cuestionamientos planteados por el ciudadano Gerardo Rubén Del Valle Garbanzo, quien interpuso un recurso de amparo alegando falta de respuesta a solicitudes de información relacionadas con la actualización del Plan Regulador del cantón.
Del Valle, mediante escritos
presentados desde diciembre de 2023 y abril de 2025, solicitó detalles sobre
los criterios técnicos empleados en la formulación del nuevo plan, la
participación vecinal en el proceso, el impacto en los servicios básicos, y las
observaciones hechas por la municipalidad ante instancias como el INVU y
SETENA. Además, pidió aclaraciones sobre la legitimidad del procedimiento
mediante el cual la Comisión del Plan Regulador emite dictámenes.
En su recurso, el ciudadano
afirma que a la fecha de presentación del amparo no ha recibido respuesta
oficial por parte del gobierno local. Inclusive, menciona que una consulta
realizada el 26 de mayo de 2025 a la firma BSA Consultores —contratada para brindar
asesoría legal al Concejo Municipal— fue respondida indicando que no existía un
requerimiento formal de la municipalidad sobre el tema.
La Sala Constitucional requirió
al alcalde, al director de Ingeniería y Operaciones, y a la presidenta del
Concejo Municipal de Goicoechea emitir un informe jurado sobre los hechos
señalados, bajo advertencia de que la omisión o falsedad en la información
puede conllevar sanciones penales por perjurio o falso testimonio, y que el
recurso podría resolverse a favor del recurrente si no se presentan las pruebas
correspondientes.
La resolución, firmada por el
presidente de la Sala, Fernando Castillo Víquez, designa como instructor del
proceso al magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado y ordena a la Oficina de
Comunicaciones Judiciales del II Circuito Judicial de San José notificar
formalmente a las autoridades municipales involucradas.
Este caso pone nuevamente en
discusión la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana en los
procesos de planificación urbana del país, especialmente en un cantón como
Goicoechea, donde la presión demográfica y los desafíos de ordenamiento territorial
son cada vez más evidentes.
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