Ocho
funcionarios municipales y varios integrantes del Concejo Municipal anterior de
Goicoechea podrían terminar en la cárcel
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Municipalidad
de Goicoechea vuelve a estar en el ojo del huracán. Ocho funcionarios de
distintas áreas e integrantes del Concejo Municipal anterior fueron señalados
en una denuncia penal que será presentada en las próximas horas ante el
Ministerio Público por la empresa GBN Latinoamericana S.A., representada por Daniel
Delgado Loría.
Los denunciados
—de apellidos Chavarría Quirós, Vargas Brenes, Campos Jiménez, Salazar Castro,
Cordero Fonseca, Arguedas Vindas, Vargas López y Solano Ledezma— enfrentarían
cargos por prevaricato, incumplimiento de deberes, retención indebida y
violación al deber de probidad, delitos que conllevan penas de cárcel para sus
eventuales responsables.
La raíz del
conflicto
La disputa se
origina en un contrato para brindar apoyo externo en el proceso de
reclutamiento y selección de plazas municipales, en coordinación con el Área de
Recursos Humanos de la Municipalidad. Según la empresa denunciante, se
ejecutaron labores bajo un contrato que posteriormente fue dado por finalizado
de manera arbitraria, impidiendo el pago de los servicios prestados.
GBN
Latinoamericana asegura que esa decisión degradó el trabajo realizado a la
condición de “simple mercancía”, violentando lo dispuesto en el artículo 56 de
la Constitución Política y afectando directamente a la compañía, una pyme
constituida en 2018 y operando desde 2020.
Señalamientos
por contratación irregular
En la denuncia
se habla de un “sobreprecio irregular”, en referencia a la figura de
contratación en la que, pese a anomalías en el procedimiento, la Administración
se beneficia parcial o totalmente de los servicios contratados.
Delgado Loría
sostiene que, en este caso, la Municipalidad obtuvo provecho de los servicios
contratados sin reconocer la obligación de pago, lo que a su juicio constituye
un incumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
(Ley 8422, artículo 49).
Lo que viene
El caso ahora
quedará en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si procede la
apertura de una causa penal contra los funcionarios señalados y los integrantes
del Concejo Municipal anterior.
De prosperar,
los acusados podrían enfrentar penas privativas de libertad y sanciones
administrativas, en un proceso que promete generar nuevas tensiones en la ya
cuestionada administración municipal de Goicoechea.
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