Para la administración la sostenibilidad de este cuerpo de seguridad es muy costosa, siendo más barata la tercerización, mientras que los afectados levantan la voz y recurren a los tribunales de trabajo, donde ya tres funcionarios han logrado que un juez les de la razón en sus pretensiones, además de una situación que enfrentan en relación con la Convención Colectiva y una Homologación al artículo 59 de esa convención en relación a los horarios de trabajo y definición laboral como funcionarios de confianza, aprobada por el Concejo Municipal, el sindicato de ese entonces denominado, Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José (SITMUSAJ), la administración y el ministerio de Trabajo.
Los trabajadores que
rechazan ser funcionarios de confianza, ya que el desarrollo de sus funciones
es totalmente contrario a las que tendrían que realizar si fueran de confianza.
Mientras ANEP se desmarcó alegando que no tienen relación alguna con la situación presentada ya que su existencia como filial fue en 2014, 21 años después de la homologación de ese artículo 59.
La Homologación, la cual desconocen los guardas municipales comunicada en el oficio DRT-432-93 a los trabajadores municipales, firmado por el Lic. Álvaro Sojo Mendieta del Ministerio de Trabajo, fue en donde reformaron la definición laboral y horarios de trabajo, pasando a funcionarios de confianza y horarios 12 horas continuas con dos días laborados, uno libre. Además, el salario se pagaría de forma bisemanal.
Antes de esta modificación al artículo 59 de la Convención Colectiva los turnos de trabajo eran de 8 horas diarias y no estaban clasificados como de “confianza”.
Los funcionarios indican que su puesto no fue sometido a ningún proceso de selección y trabajan 12 horas, pero no se les cancela ningún colón en extras después de las 8 horas y que en la práctica están sometidos a disposiciones iguales que cualquier funcionario administrativo.
Aunque los guardas enfrentan un proceso que podría afectar su continuidad laboral, no están dispuestos a que sus derechos adquiridos sean arrebatados, por lo recurrirán a las instancias que sean necesarias.
Además, los funcionarios de seguridad advierten que las autoridades deben investigar quién o quiénes son los responsables que dejaron por años de cumplir con la legislación laboral y que seria ellos los que debería pagar de su peculio esta omisión y no el pueblo.
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