Libertad condicional no es un cheque en blanco

Solo el 1,8% de las solicitudes recibieron el beneficio entre 2022 y 2024

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Los Juzgados de Ejecución de la Pena del Poder Judicial dejaron claro que la libertad condicional no significa impunidad, sino un régimen controlado que exige requisitos estrictos y condiciones de acatamiento obligatorio.

De acuerdo con las estadísticas judiciales, entre los años 2022, 2023 y 2024, se resolvieron 12.121 solicitudes de libertad condicional, de las cuales únicamente el 1,8% fueron declaradas con lugar, es decir, 215 personas privadas de libertad obtuvieron el beneficio. La mayoría de los trámites terminaron archivados, acumulados a otras gestiones o rechazados.

“Todas las resoluciones que conceden la libertad condicional establecen condiciones de cumplimiento obligatorio. En caso de incumplimiento, la suspensión o revocatoria siempre está latente”, subrayó Odilie Robles Escobar, jueza de Ejecución de la Pena.

Reglas claras para acceder al beneficio

El trámite de libertad condicional se rige por lo dispuesto en el artículo 478 del Código Procesal Penal y es solo uno de los 15 procesos incidentales y de vigilancia penitenciaria que deben resolver los juzgados especializados.

Para optar por el beneficio, la persona sentenciada debe cumplir con los requisitos de los artículos 64 y 65 del Código Penal, entre ellos:

Haber cumplido la media pena o dos tercios de la condena, según corresponda.

No registrar antecedentes penales mayores a seis meses de prisión.

Mantener buena conducta y cumplir con el Plan de Atención o Intervención Profesional elaborado en los centros penitenciarios.

Presentar un plan de egreso que atienda vulnerabilidades y prevenga la reincidencia.

Este plan debe contemplar factores como vivienda, empleo, apoyo familiar y, en caso necesario, incorporación a programas de autoayuda o terapias de atención a adicciones.

“Si alguno de estos recursos es deficiente o no considera las vulnerabilidades del solicitante, el plan se considera incompleto”, agregó Robles.

Condiciones para mantener la libertad

La concesión de la libertad condicional implica obligaciones concretas que pueden variar según el caso, tales como:

Firmar mensualmente en las Oficinas de Atención a la Comunidad.

Mantener una conducta intachable y abstenerse de consumir alcohol u otras sustancias.

Respetar el impedimento de salida del país.

Cumplir con eventuales trabajos comunales o limitaciones de ingreso a centros penitenciarios como visitantes.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones habilita a los jueces a ordenar la privación de libertad inmediata y la revocatoria del beneficio.

Rol del Ministerio de Justicia y Paz

La administración de los centros penitenciarios corresponde al Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección General de Adaptación Social. Esta entidad decide sobre niveles de atención institucional, modalidades de cumplimiento de pena y beneficios como el descuento por trabajo, regulado en el artículo 55 del Código Penal.

En esos casos, los Juzgados de Ejecución de la Pena únicamente verifican la aprobación administrativa y fijan la fecha de cumplimiento de la condena.

Un beneficio con lupa

Con más de 17.000 nuevos asuntos ingresados cada año en promedio a estos juzgados, la libertad condicional es apenas una fracción del trabajo que realizan. Sin embargo, el Poder Judicial insiste en que el beneficio no significa libertad plena, sino una oportunidad condicionada que busca alejar a las personas de la reincidencia y garantizar la reparación social.

“La libertad condicional no es un cheque en blanco. El control judicial permanece hasta el último día de la condena”, concluyó la jueza Robles Escobar.

 

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