La Contraloría General de la República: Centinela dormido ante la corrupción endémica en Costa Rica

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Milton Madriz Cedeño, Politólogo y Analista de Gobernanza Institucional).- En un país que se jacta de su tradición democrática y su compromiso con la transparencia, la Contraloría General de la República (CGR) (institución constitucionalmente erigida como fiscalizadora suprema de los fondos públicos bajo el artículo 183 de la Constitución Política) ha degenerado en un ente burocrático ineficaz, más cómplice por omisión que guardián vigilante. Lejos de cumplir su rol preventivo y sancionador estipulado en la Ley Orgánica de la CGR (Ley 7428), esta entidad ha permitido que escándalos de corrupción millonarios se perpetúen sin intervenciones oportunas, erosionando la confianza ciudadana y el Estado de Derecho. Como politólogo especializado en gobernanza, sostengo que esta deriva no es accidental: representa una pérdida sistémica de su “verdadero norte” (la defensa irrestricta de la probidad pública) en favor de un formalismo paralizante que beneficia a redes corruptas enquistadas en el poder. Basado en un análisis de casos emblemáticos de los últimos diez años, respaldado por investigaciones periodísticas y opiniones expertas, urge una reforma radical para evitar que la CGR se convierta en un obstáculo al desarrollo nacional.

Casos Emblemáticos: Inacción sistemática y omisiones legales que alimentan la impunidad

La CGR, dotada de amplias facultades para auditar, investigar y sancionar irregularidades en la administración pública (artículos 12 y 13 de la Ley 7428), ha fallado repetidamente en ejercer su autoridad preventiva. En lugar de alertas tempranas, sus intervenciones (cuando ocurren) son reactivas, tardías y carentes de impacto real, violando su obligación legal de actuar con celeridad para proteger el erario.

Caso Cochinilla (2021): Esta mega trama de corrupción en obras viales, que involucró a altos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y empresas constructoras como MECO y H. Solís, desvió aproximadamente ₡78 mil millones mediante sobornos, contratos amañados y pagos improcedentes. A pesar de su competencia directa en fiscalizar contratos públicos, la CGR reaccionó con lentitud extrema: un gerente cambió un criterio técnico en solo 18 días, beneficiando a un constructor implicado, lo que sugiere posibles irregularidades internas. No hubo advertencias previas, a pesar de que auditorías desde 2018 ya señalaban un modelo de gestión obsoleto y no preventivo en el CONAVI. Esta omisión no solo contraviene el principio de eficacia administrativa (Ley 6227), sino que perpetuó un esquema que afectó la infraestructura nacional y la imagen del país.

Trocha Fronteriza (2012–2015): Un proyecto de emergencia plagado de “obras fantasmas”, pagos excesivos y presunta corrupción que costó al Estado más de ₡30 mil millones en irregularidades. La CGR inició una investigación que culminó en una denuncia penal en 2012, pero su fiscalización fue tardía y sin sanciones administrativas inmediatas, permitiendo que 26 personas (incluyendo exfuncionarios y empresarios) fueran acusadas años después. Diez años después, el caso aún arrastra juicios sin resolución, destacando la ineficacia de la CGR en cerrar ciclos de impunidad y violando su deber de control previo (artículo 21 de la Ley 7428).

Proyecto SORESCO (2008–2017): La fallida refinería con China, a través de la sociedad mixta entre RECOPE y CNPC, generó pérdidas de $35,8 millones para Costa Rica, incluyendo $34 millones en estudios inutilizables. La CGR autorizó fases clave inicialmente, pero luego prohibió el uso de los estudios por irregularidades, sin impedir la sustracción de $70 millones mediante “común acuerdo” entre socios. Esta dualidad (aprobar y luego cuestionar) evidencia una falta de rigurosidad legal, permitiendo un negocio “oscuro” que duró una década sin intervención decisiva.

Alquileres Estatales Innecesarios y Nombramientos Fantasmas (2010–2014): Millones en contratos por edificios sin uso funcional y plazas pagadas sin labor efectiva, sin que la CGR detuviera o sancionara a tiempo. En casos como el de ministerios que aún no recuperan ₡62 millones pagados de más a exjerarcas, la inacción viola el principio de economía en la administración pública (Ley 6227).

Pensiones Privilegiadas y Regímenes Especiales:

La CGR ha omitido auditorías exhaustivas en regímenes que amenazan la sostenibilidad del IVM-CCSS, con gestiones “fragmentadas y reactivas”. Pensiones a expresidentes consumieron más de ₡6 mil millones en 14 años, sin fiscalización adecuada, perpetuando desigualdades que contravienen el artículo 1 de la Constitución.

Cementazo (2017): Préstamo irregular de $31,5 millones del BCR a un importador de cemento chino, con tráfico de influencias en los tres poderes. La CGR no asumió un rol activo, limitándose a aclaraciones posteriores, pese a recomendaciones legislativas para investigar.

Educación sin Cimientos (MEP) y Obstaculización de Auditorías: 21 años de omisiones en regularización de terrenos escolares, sin intervención de la CGR. Además, instituciones postergan información, y la CGR no enfrenta estos bloqueos con firmeza, violando su potestad sancionadora.

Estos casos, documentados en medios como CRHoy, Amelia Rueda y La Nación, revelan un patrón: la CGR actúa como “obstaculizadora” mediante tecnicismos, en lugar de como fiscalizadora proactiva.

De fiscalizadora a obstaculizadora: Una deriva institucional que erosiona el Estado de Derecho

Lejos de impulsar eficiencia, la CGR ha asumido un doble rol perverso: silencio ante la corrupción y bloqueo a iniciativas por formalismos. Esto configura un “lawfare administrativo” que paraliza el desarrollo, como en conflictos recientes con el Ejecutivo, donde acusaciones de obstrucción han escalado a insultos públicos. Opiniones en redes sociales y expertas coinciden: la CGR ha perdido legitimidad, con percepciones ciudadanas de corrupción en trámites públicos alcanzando el 63%. Legalmente, esto vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25), al minar la accountability. Como analista, argumento que esta ineficiencia no es mera negligencia: refleja feudos burocráticos que priorizan autoconservación sobre el bien común, agravando la crisis fiscal y social.

Hoja de ruta para una reforma integral: Hacia una CGR eficaz y transparente

Para rescatar su mandato constitucional, propongo reformas urgentes, inspiradas en mejores prácticas internacionales y auditorías independientes:

Intervención Externa Inmediata: Auditoría integral por una comisión independiente, similar a la de “Transparency International”, para evaluar controles internos contra corrupción.

Reforma a la Ley Orgánica (Ley 7428): Establecer plazos estrictos para auditorías (máximo 90 días), facultades sancionatorias directas (multas hasta el 10% del presupuesto auditado) y veeduría ciudadana obligatoria.

Rotación de Cargos y Unidad Anticorrupción Autónoma: Evitar “feudos” con límites de 8 años en puestos clave; crear una unidad con poderes investigativos independientes, alineada con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Digitalización y Alertas Tempranas: Implementar sistemas IA para detección de anomalías, como en pensiones o contratos.

Rendición Pública y Denuncias Ciudadanas: Informes trimestrales ante la Asamblea y plataformas digitales para denuncias, como la reciente iniciativa de la CGR.

Estas medidas, respaldadas por expertos, restaurarían la credibilidad.

Conclusión: De la complacencia a la acción o reconstruir o perecer

La CGR, concebida como baluarte contra la corrupción, ha sucumbido a su propia inercia burocrática, permitiendo que casos como Cochinilla, Cementazo y SORESCO drenen recursos vitales mientras el país enfrenta inseguridad y desigualdad. Sus silencios no son estratégicos, sino cómplices, representando un colapso institucional que amenaza la democracia costarricense. Como politólogo, exhorto a la sociedad civil, legisladores y Ejecutivo: no toleremos diagnósticos tibios. Demandemos acción jurídica inmediata (reformas legislativas y judiciales) para intervenir de raíz. Si no, reconstruyamos desde cero una institución alineada con el pueblo, no con las élites corruptas. Costa Rica merece un centinela despierto, no dormido.

- Goicoechea es el cantón número 8 de la provincia de San José, fundado en 1891. Donde orgullosamente decimos: "De la montaña a la ciudad, así se extiende mi cantón". "Goicoechea, Goicoechea, te llevo en el corazón." -

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