El proyecto, valorado en más de ₡4.700 millones, incluye 10 torres de apartamentos con opciones de 2 y 3 dormitorios, espacios accesibles y condiciones adecuadas para adultos mayores y personas con discapacidad. Además de la solución habitacional, su construcción generó cerca de 400 empleos entre directos e indirectos.
Sin embargo, la entrega de estas viviendas estuvo en vilo durante semanas debido a la negativa del alcalde de Naranjo de autorizar la conexión al servicio de agua potable, argumentando que el recurso podría escasear en el año 2034. La medida fue calificada como un bloqueo injustificado por el gobierno central, que a través del AyA otorgó un plazo de 48 horas para resolver el problema bajo amenaza de proceder legalmente.
“Hoy demostramos una vez más que somos un gobierno que actúa en defensa de los más vulnerables, de forma decidida y en apego a la ley”, afirmó la ministra de Vivienda, Grettel Vega, durante el acto oficial de entrega, que contó con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, autoridades del BANHVI y representantes de la entidad autorizada COOPENAE R.L.
Las familias beneficiadas provienen en su mayoría de asentamientos en riesgo, como La Radial, donde vivían en ranchos a la orilla de un río. Con su traslado al nuevo condominio, inician una etapa marcada por seguridad y estabilidad.
No obstante, más allá de la celebración, el caso deja lecciones incómodas: la pugna entre el gobierno central y el gobierno local expone cómo decisiones políticas pueden retrasar el cumplimiento de derechos fundamentales, en este caso, el acceso al agua y a la vivienda digna. El Proyecto La Esperanza pasará a la historia no solo como un triunfo para estas 120 familias, sino también como un recordatorio de la fragilidad institucional cuando los intereses políticos pesan más que las necesidades de la gente.
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