Tribunal de San José mantiene en detención a Gamboa, López y Álvarez y difiere su extradición a EE. UU. hasta resolver causas penales en Costa Rica
Expediente 15-000026-1322-PE, con juicio señalado del 11 al 29 de mayo de 2026 en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, sede Bribrí.
Expediente 25-000036-1322-PE, aún en investigación en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
En cuanto a Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Profeo Gato”, se mantiene activo el Expediente 23-000191-0042-PE, también por legitimación de capitales, bajo trámite en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
El Tribunal enfatizó que solo se tomarán en cuenta los procesos abiertos antes del 23 de junio de 2025, fecha en que fue recibida la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos.
Detención y nueva investigación penal
Los tres imputados deberán permanecer en detención provisional con fines de extradición hasta su entrega formal al Gobierno estadounidense.
Adicionalmente, el Tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una nueva investigación penal, al considerar que del expediente surgen indicios de una amplia red de presunta corrupción y narcotráfico que habría operado en Costa Rica entre 2008 y 2025.
Según el fallo, los hechos podrían involucrar delitos como tráfico internacional de drogas, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, penalidad del corruptor, legitimación de capitales y facilitación de impunidad a personas vinculadas con organizaciones criminales.
Análisis institucional y político
El fallo del Tribunal de San José representa un golpe de autoridad del sistema judicial costarricense frente a la presión internacional y al escrutinio público. Al decidir que las causas locales prevalecen antes de la entrega a Estados Unidos, el Poder Judicial reafirma el principio de soberanía jurisdiccional, evitando que delitos cometidos en el país queden impunes o subordinados al interés extranjero.
Sin embargo, la decisión también deja al descubierto la profundidad del deterioro institucional, al vincular a figuras del poder judicial y actores del crimen organizado en una trama que se extiende por casi dos décadas. La apertura de una nueva investigación penal sugiere que la estructura criminal podría haber tenido tentáculos en la política, la justicia y la economía nacional, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la legitimación de capitales en Costa Rica
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