LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Sección Especializada del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa levantar la
inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles, con el fin de investigarlo por
presunta beligerancia política, una falta que podría constituir una violación
al principio de neutralidad que rige a los funcionarios públicos.
La decisión fue adoptada el pasado 3 de octubre
por los magistrados suplentes Luis Diego Brenes Villalobos, quien preside el
órgano, Mary Anne Mannix Arnold y Wendy de los Ángeles González Araya, quienes
resolvieron por unanimidad que las denuncias contra el mandatario “superan la
valoración de admisibilidad”. No obstante, por tratarse del presidente de la
República, el artículo 270 del Código Electoral exige que, antes de abrir un
procedimiento sancionatorio, se solicite a la Asamblea Legislativa el levantamiento
de su inmunidad.
El expediente incluye 15 de las 24 denuncias
presentadas en distintos momentos contra el mandatario. Los reclamos fueron
interpuestos por figuras políticas como Allen Alexander Solera Cordero, Ricardo
Sancho Chavarría (presidente del PLN), José Fabián Solano Fernández y Gonzalo
Gerardo Coto Fernández (del PAC), los diputados Antonio Ortega, Luis Fernando
Mendoza y Johana Obando, así como por los ciudadanos Claudio Alpízar Otoya,
Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
La Inspección Electoral del TSE realizó una
investigación preliminar antes de emitir el informe que ahora respalda la
petición de desafuero. Según el Tribunal, la naturaleza de los hechos
denunciados y la cantidad de actores políticos involucrados justifican que el
caso sea conocido por la Asamblea Legislativa.
Este sería el segundo proceso de levantamiento
de inmunidad que enfrenta Chaves. El primero fue solicitado por la fiscalía
general de la República, a raíz de la acusación por presunta concusión
vinculada con el millonario contrato suscrito con el empresario Christian
Bulgarelli, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE).
En aquella ocasión, el 22 de setiembre pasado,
la Asamblea Legislativa no alcanzó los 38 votos requeridos por la Constitución
para retirar la inmunidad presidencial, lo que frenó temporalmente la
investigación penal.
Ahora, con esta nueva solicitud, el Congreso se
verá nuevamente ante una decisión de alto peso político, que pondrá a prueba no
solo la correlación de fuerzas dentro del plenario, sino también la disposición
de los diputados para ejercer control político sobre el Ejecutivo.
En el trasfondo, la resolución del TSE podría
marcar un precedente relevante en la defensa de la neutralidad electoral del
Estado costarricense. De prosperar, abriría un procedimiento inédito contra un
presidente en ejercicio por beligerancia política, un tema que —más allá de las
simpatías o críticas— redefine los límites entre la libertad de expresión
presidencial y la obligación de imparcialidad institucional.
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