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4/9/18

Operación Internacional contra la trata y tráfico de personas

En su orden: Raquel Vargas, Directora General de Migración; Michael Soto, Ministro de Seguridad Pública; Emilia Navas, Fiscal General de la República y Walter Espinoza, Director del OIJ
Detenciones simultáneas en Panamá y Costa Rica 
41 allanamientos 
29 detenidos
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Este martes, en un trabajo interinstitucional de la Policía Profesional de Migración en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y bajo dirección funcional de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas se logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes y al delito de trata de personas.

Dicha investigación, iniciada en el 2016, llevó a la ejecución del operativo final que hoy resultó con la detención de 29 personas y 41 allanamientos en diversas partes del país. Entre quienes resultaron aprehendidos figuran diez personas funcionarias de la Policía Profesional de Migración y un oficial de la Fuerza Pública.

Se trata una organización que se dedicaba al tráfico de personas, específicamente de nacionalidades india y china.

Por medio de la investigación policial se logró comprobar que se trataba de una organización transnacional, que operaba no solo en Costa Rica, sino que también contaba con miembros en Panamá, es así que de forma simultánea las autoridades lograron la desarticulación del grupo criminal que operaba en ese país.

Las autoridades panameñas aprehendieron a 10 personas, quienes conformaban la estructura criminal, además de ejecutar veinte allanamientos.

Anteriormente se había detenido a un oficial panameño asignado al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), quien además de pertenecer a la organización que traficaba personas entre Costa Rica y Panamá, también estaba vinculado a actividades de narcotráfico y durante su detención le incautaron 20 kilogramos de cocaína.

Mediante las diferentes diligencias policiales se logró determinar que el modus operandi de la estructura criminal consistía en transportar a las personas objetos del delito y a víctimas del delito de trata de personas, quienes coordinaban el traslado desde China o la India, iniciando la ruta desde sus países de origen, vía aérea hasta Europa.

Posteriormente se desplazaban vía aérea hasta Suramérica, utilizando países como Ecuador, Colombia o Perú, donde tenían sus nexos criminales, para finalmente desplazarlos hasta Centroamérica, con el propósito de ingresarlos a Costa Rica de manera ilegal en complicidad con funcionarios costarricenses.

En Costa Rica se omitían los trámites y requisitos exigidos por ley a los migrantes, permitiéndoles ingresar a nuestro país de manera ilegal, siendo que algunas de esas personas, eran trasladadas con fines de explotación laboral en el país, mientras que otros eran traficados hacia Panamá, donde también eran víctimas de trata de personas o bien utilizaban ese país como puente para llegar a Estados Unidos o Canadá.

La investigación señala que la organización criminal mantenía tenían dos líderes de origen chino en Costa Rica, uno de ellos propietario de un restaurante localizado en Sabana Norte, San José.

Además de los dos hombres de nacionalidad china se suman dos extranjeros de nacionalidad peruana, quienes al parecer se encargaban de los traslados de las víctimas. 

Cabe destacar que se trataba de una actividad bastante lucrativa para estas personas, pues cada víctima debía pagar entre 25.000 y 45.000 dólares estadounidenses solamente para poder ingresar a Costa Rica con documentación falsa que la organización criminal, por medio de sus nexos en el extranjero les facilitaba.

Una vez en nuestro país, las víctimas eran explotadas laboralmente quienes eran “distribuidas” en negocios administrados por orientales que “compraban” a estas personas para que laboraran en diversas partes del país o, en su defecto, por pedido especial eran trasladadas a la frontera con Panamá, donde eran entregadas a otros miembros de la organización, quienes se encargaban de ingresarlas a territorio panameño, ya fuera para mantenerlas en ese país o bien para enviarlas a Norteamérica.

En lo que respecta a las personas que eran traficadas hacia Panamá, una vez que ingresaban al país, los hospedaban en hoteles del Área Metropolitana o en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y posteriormente los trasladaban por medio de vehículos personales, taxis o vehículos de alquiler hacia Panamá.

En cuanto al monto que ganaba cada oficial de la Policía de Profesional Migración por su participación en la organización, este variaba dependiendo de su “estatus”, ya que si era de los que conformaban directamente la organización, su ganancia era entre los 4.000 y los 6.000 dólares, mientras que los oficiales que habían sido reclutados por ellos, solamente se les entregaba una suma que oscilaba entre los 2.000 y los 4.000 dólares por cada persona que permitían que ingresara de manera ilegal al país.

 Para dicho operativo se contó con la colaboración de diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública tales como Policía Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea, Unidad Especial de Apoyo.

Además, participaron otras policías nacionales como la Policía de Control Fiscal, así como distintas oficinas del Organismo de Investigación Judicial, las cuales en conjunto y bajo dirección funcional de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas, finalizaron de forma satisfactoria esta operación con la detención de 29 personas en 41 allanamientos a lo largo y ancho del territorio nacional y 10 personas más en 20 allanamientos ejecutados en Panamá.
 





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