LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con el Ministerio Público firmaron un acuerdo de protocolo para Pericias Ambientales de Ciencias Forenses.
El convenio, firmado por la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio, y el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerald Campos Valverde, establece que la recolección de muestras (suelos y aguas), sean obtenidas con brevedad.
Asimismo, se plantea que se se regulen las solicitudes y procedencia de las principales pericias ambientales forenses. Así, las pericias de bosque y humedales estarán a cargo de la Sección de Biología Forense, las de contaminación de aguas, superación de parámetros de vertidos y de sustancias peligrosas, a cargo de las Secciones de Toxicología Forense o Química Analítica, según sea el caso, y las pericias planimétricas o topográficas a cargo de la Sección de Ingeniería Forense.
En la misma línea, se postula que se elimine y/o reduzca la ejecución de pericias que no son necesarias, de tal manera que ambas instituciones utilicen los recursos que poseen lo mejor posible, para realizar las diligencias que sí son pertinentes, en un tiempo más corto; por ejemplo, cuando la pericia no tiene relación con las exigencias probatorias del delito, cuando la violación de un área es tan evidente que la pericia resultaría redundante o cuando ya constan pruebas en el expediente que acreditan lo que se requiere, por lo que la pericia sería repetitiva.
“El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen recursos limitados, por lo que tenemos la responsabilidad de utilizarlos en forma eficiente. Este protocolo permitirá ahorrar una gran cantidad de recursos en pericias que no son necesarias o que son improcedentes, para dedicarlos a las pericias que sí son indispensables para demostrar la comisión de los distintos delitos ambientales”, enfatizó Navas.
Por otra parte, Mauricio Chacón Hernández, jefe del Departamento de Ciencias Forenses, consideró que “el Protocolo debería permitir articular y coordinar esfuerzos entre el Ministerio Público y el Departamento de Ciencias Forenses, de manera que se tenga claridad en cuanto a la pertinencia en la solicitud de pericias y las capacidades que tiene el laboratorio forense para ofrecer prueba pericial aplicando buena ciencia y la certeza en el cumplimiento de procedimientos y análisis”.
El documento también establece que el Ministerio Público y el DCF determinarán, de manera conjunta, el momento idóneo para realizar una pericia. Se considerará la disponibilidad de horarios, clima, estación del año, ubicación, lejanía, entre otros aspectos de relevancia.
En algunos casos, las partes deberán acudir a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, para que tome la decisión final, en cuanto a si se debe realizar o no una pericia, así como la forma en la que debe realizarse.
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