Por Luis Jiménez
Impacto socioeconómico
Si quisiéramos comparar, en el I trimestre del 2020, cuando aún no se sentía con fuerza el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la tasa de desempleo fue de un 12,4%. La pobreza, en tanto, era de un 23% en octubre, uno de los porcentajes más altos de los últimos 30 años.
Seguridad
El incremento en los casos de narcotráfico, la revelación de la presunta penetración de bandas criminales en la institucionalidad pública, en cuenta Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, y la cantidad de homicidios, reflejan la magnitud del problema que enfrenta el país en materia de inseguridad y cómo esta sobrepasa las capacidades del Gobierno. Este 2021 cerraría como el año de más homicidios.
Actividad económica
Aunque el índice mensual de actividad económica (IMAE) revela que algunos sectores y actividades han recuperado su crecimiento, el régimen definitivo aún luce apagado y bajo en productividad y generación de empleo.
Brechas sociales
El Gobierno no implementó acciones eficaces para cerrar las múltiples brechas (género, conectividad, entre regiones geográficas, además de otras) que existen y que hacen dispar la recuperación económica y del empleo.
Las medidas que impulsó el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia se enfocaron en contener la crisis, pero no en preparar el terreno para la recuperación de la economía y de la producción.
Infraestructura
El gobierno abandonó políticas de reactivación en peor momento La construcción de obra pública, uno de los puntos altos de la Administración Alvarado, también fue golpeada con dureza durante el 2021. En junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) practicó allanamientos a varias instituciones públicas, en cuenta Casa Presidencial, para recabar pruebas y detener a varios funcionarios públicos y empresarios involucrados en el caso “Cochinilla”, de presunta corrupción en el desarrollo de obras públicas. Desde entonces, varias de las obras viales que desarrollaban las empresas constructoras cuestionadas, H. Solís y Meco entre las más importantes, se paralizaron total o parcialmente. Otras, no arrancaron debido a la investigación.
El escándalo por el presunto pago de dádivas, que involucra al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), desactivó la maquinaria, generando demoras en el cronograma de desarrollo de algunas obras viales. Además, el mantenimiento vial, contratos que también acaparaban las firmas bajo investigación, se paralizó, generándoles molestias a los usuarios de las calles. Este año, también, marcó el incremento en la conflictividad entre el Gobierno y la empresa china CHEC, a cargo de las labores de ampliación de la Ruta San José-Limón, con serios retrasos en su desarrollo. También, a finales de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) frenó de golpe el avance del proyecto estrella del Gobierno, el del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), al señalar numerosos problemas en la fase de preinversión del proyecto. Los hallazgos retrasan los planes del Gobierno de dejar amarrado el proyecto.
Salud
El lento proceso de vacunación contra la COVID-19 y haber tocado fondo en la calificación que la ciudadanía da a su gestión presidencial, son hechos que redondean un mal año para Carlos Alvarado y su administración
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