Esto no es un simple desliz ni una coincidencia. Es, con todas las letras, una filtración. Y no una cualquiera: una que compromete el sigilo de una investigación penal en una de sus fases más delicadas. Hay que decirlo con claridad: esto es un delito. Se llama Divulgación de Secreto y está tipificado en nuestro ordenamiento. ¿Quién será el funcionario que está más preocupado por quedar bien en redes o con ciertos medios que por cumplir su deber?
Aquí no caben ingenuidades. Alguien dentro del Poder Judicial está pasando información privilegiada —el famoso “santo”— a un comunicador específico. ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Quién gana con eso? Y lo más inquietante: ¿Quién lo permite?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la misma que dirigió el allanamiento en cuestión, tiene ahora una responsabilidad ineludible: abrir de inmediato una causa penal por esta filtración. No se trata solo de proteger la legalidad del proceso, sino de salvaguardar la credibilidad de la institución en un momento en que la ciudadanía ya no confía a ciegas.
Porque seamos claros: los costarricenses no somos tontos. No queremos más shows mediáticos. Queremos justicia, sí, pero también imparcialidad y apego a la ley. Queremos que las investigaciones se hagan bien, no que se conviertan en espectáculos para alimentar egos o ajustar cuentas políticas.
Y si de verdad se quiere saber quién está detrás de todo esto, la solución es bastante sencilla. Basta con revisar el teléfono del periodista que llegó “milagrosamente” primero. ¿A quién llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Qué mensajes recibió? No es la primera vez que esto pasa. No es un error aislado. Es una práctica reiterada que debe terminar.
El Poder Judicial necesita limpiar la casa. Ya no basta con discursos. Hace falta acción. Porque cada filtración como esta, cada irregularidad sin sanción, erosiona un poco más la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Y sin confianza, no hay justicia que valga.
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