LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Costa Rica se posiciona como el país que más porcentaje de sus costos de producción gubernamental destina al pago de salarios de empleados públicos entre las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Government at a Glance 2025.
En
el año 2023, el país canalizó un 71,6% de dichos costos al pago de nóminas
estatales, superando a México, que se ubicó en el segundo lugar con un 71%.
Estas cifras sitúan a ambas naciones latinoamericanas en la cima de los 36
países evaluados por la organización.
El
informe destaca que tanto Costa Rica como México dependen en gran medida de la
provisión directa de servicios públicos, lo que eleva el peso de la masa
salarial. También influyen factores como los costos adicionales que implica
operar en regiones urbanas dispersas y de baja densidad poblacional.
A
pesar de estos datos, la OCDE aclara que el nivel de gasto en salarios no
guarda necesariamente relación con la estructura política de los países. Por
ejemplo, sistemas federales como los de Bélgica y Suiza registran proporciones
similares a las de países unitarios como Irlanda.
Entre
los países con mayor gasto en salarios públicos, además de Costa Rica y México,
figuran Dinamarca, Lituania y Portugal. En América Latina, Colombia presenta un
43,8%. En contraste, las cifras más bajas corresponden a Nueva Zelanda,
Australia y Japón.
El
análisis también indica que, en promedio, los países de la OCDE destinan un
42,1% de sus costos de producción a remuneraciones, mientras que un 44,5% se
invierte en la compra de bienes y servicios. Estos costos no incluyen
transferencias como subsidios o pensiones.
En
relación con el Producto Interno Bruto (PIB), los países con mayores gastos en
producción gubernamental son Finlandia, Suecia y Francia. En América Latina,
Brasil encabeza esta lista, seguido por Costa Rica, Colombia, México y Chile.
En
cuanto al gasto en salarios públicos como porcentaje del PIB, Brasil y Costa
Rica se destacan con un 11,9% y un 11,4%, respectivamente, reflejando la fuerte
presión fiscal que representa la planilla estatal en la región.
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