LA VOZ DE GOICOECHEA.- Exdiputado se expone a pena de entre dos y ocho años de prisión, por obligar a sus empleados a entregarle una cuota mensual de sus salarios en la Asamblea.
El exdiputado Abelino Esquivel cobraba un monto de hasta 575.000 colones al mes a sus asesores legislativos, según denunciaron.
La Fiscalía General de la República acusó al exdiputado Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense, así como a su esposa Xinia Cortés y a su hermana, Wray Esquivel, por coordinar una estructura en donde se le obligó a tres asesores legislativos al pago de una cuota mensual de sus salarios.
Se trata de Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, quienes denunciaron al exdiputado y posteriormente, fueron despedidos al hacerse pública la situación.
En el caso de Marín, debía darle ₡50.000 al mes, Rodríguez transfería ₡125.000 mensuales y a Oconitrillo se le cobraban ₡400.000. De esta manera, Esquivel se dejaba ₡575.000 gracias a estos cobros, calificados como “diezmo” por dos de las exasesoras.
Específicamente, el Ministerio Público acusa al exlegislador y a su hermana por cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito; mientras que a Cortés se le atribuyen dos delitos de concusión y también uno de enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia, Esquivel logró el nombramiento de su esposa como asesora destacada a su cargo, a quien se le pagaba un salario aunque no se presentara a laborar. Por su parte, la hermana se desempeñaba como jefa de Despacho y se encargaba de tramitar los cobros a los exasesores.
En las próximas dos semanas, la Procuraduría General de la República deberá comunicar si presentará una querella (por ofensas a los deberes de la función pública), así como una acción civil resarcitoria, en donde se podría pedir un monto económico por los daños provocados al Estado.
El delito de concusión lo comete el funcionario público que, “abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, de acuerdo con el artículo 35 del Código Penal. En caso de comprobarse la comisión de este delito, el exdiputado se expone a una pena de dos a ocho años de cárcel.
Otra demanda
El exlegislador también fue demandado el pasado 23 de marzo por el exministro de Justicia, Marco Feoli, quien afirmó que Esquivel le pidió sacar de la cárcel de Cartago a un pastor evangélico, quien fue condenado con una pena de 16 años de prisión por el delito de violación agravada contra una menor con discapacidad intelectual.
La denuncia, por el supuesto delito de tráfico de influencias, ya superó la etapa de audiencias, en donde las partes fueron llamadas a declarar, según informó el exjerarca de Justicia, quien fue entrevistado en junio pasado.
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