LA VOZ DE GOICOECHEA.- Damarias Vargas Vásquez, jueza y candidata a magistrada para la Sala Primera, se ganó casi ¢200 millones por el Proyecto de Implementación de la Reforma Procesal Agraria, sin embargo, el mismo estaría incompleto según un informe dirigido al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz y al Consejo Superior.
En el documento, del 3 de diciembre pasado y firmado por Enrique Ulate, del Tribunal Agrario y Tatiana Rodríguez, de la Primera Instancia Agraria, se hacen fuertes observaciones a los materiales entregados por Vargas Vásquez, ya que en muchos de los casos faltan estudios y hay carencia de planes.
“El porcentaje general del proceso de implementación del Código, sea el 84%, pareciera que corresponde a los días transcurridos, pero no consideramos que corresponda ese porcentaje a la ‘implementación’ del Código”, indicaron Ulate y Rodríguez.
En el informe se indica que los permisos concedidos a tiempo completo a la ejecutora del proyecto, en este caso Damaris Vargas, fueron suficientes para completar todos los aspectos neurálgicos de la implementación del Código Procesal Agrario sin embargo el resultado dista de ser ese.
Ambos hacen ver que a una juez 4, de acuerdo al proyecto, se le pagan casi 62 millones de colones por año y Vargas tuvo tres años para hacer el trabajo en cuestión. Esto quiere decir que recibió casi ¢192 millones pese a las carencias del trabajo entregado.
“Nótese que en el año 2017 se le otorgó un año completo con goce de salario y en el 2018 para irradiación de la procesal civil en la Jurisdicción Agraria y en el 2019 propiamente para el Código Procesal Agrario. Pese a que la reforma procesal agraria fue publicada en La Gaceta el 27 de febrero del 2019, había sido aprobada por la Asamblea meses antes, y evidentemente esos dos años que se concedieron con goce de salario para el mejoramiento de la Jurisdicción Agraria, debieron utilizarse para prevenir todas estas falencias y atenderlas oportunamente”, indicaron.
Incluso, señalaron como ejemplo que se concedieron a Vargas Vásquez dos años con permiso para el impacto de la Reforma Procesal Civil y Laboral en el proceso agrario, “a la fecha no se cuenta con algo tan básico en los despachos como son las plantillas de gestión de los procesos civiles, pese a múltiples gestiones de los jueces agrarios”.
La mayoría de estas observaciones surgieron luego de la presentación del cuarto informe, el 8 de noviembre pasado, suscrito por Vargas Vásquez y aprobado por el magistrado Luis Guillermo Rivas.
Tanto Ulate como Rodríguez proponen al Consejo Superior la conformación de un nuevo equipo de implementación del Código Procesal Agrario para que se dedique a tiempo completo, por tres meses, al abordaje de los temas neurálgicos. Estas tres personas sustituirían a la actual coordinadora, Vargas Vásquez.
Además, indican que se le solicitó a la candidata a magistrada una explicación de las razones por las cuales, “pese a contar un permiso a tiempo completo, no concretó los ‘entregables’ más importantes y piden que se ejecute una auditoría completa sobre sus labores.
En julio pasado, el diputado socialcristiano Rodolfo Peña Flores, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debió abstenerse de participar en la evaluación que hizo la Comisión de Nombramientos del Congreso de la jueza Damaris Vargas Vásquez, candidata a magistrada de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, ante la presunta cercanía que existe entre ambos.
Peña Flores negó en todo momento la relación con Vargas, pero un documento publicado por el Semanario Universidad revela que la jueza admitió haber tenido una relación de noviazgo con el diputado del PUSC, quien además forma parte de la Comisión.
Vargas alcanzó la nota más alta (71%) de los 15 postulantes al cargo, en la evaluación de atestados, sin embargo, ninguno alcanzó el mínimo requerido por la metodología aprobada (75%) para pasar.
“El porcentaje general del proceso de implementación del Código, sea el 84%, pareciera que corresponde a los días transcurridos, pero no consideramos que corresponda ese porcentaje a la ‘implementación’ del Código”, indicaron Ulate y Rodríguez.
En el informe se indica que los permisos concedidos a tiempo completo a la ejecutora del proyecto, en este caso Damaris Vargas, fueron suficientes para completar todos los aspectos neurálgicos de la implementación del Código Procesal Agrario sin embargo el resultado dista de ser ese.
Ambos hacen ver que a una juez 4, de acuerdo al proyecto, se le pagan casi 62 millones de colones por año y Vargas tuvo tres años para hacer el trabajo en cuestión. Esto quiere decir que recibió casi ¢192 millones pese a las carencias del trabajo entregado.
“Nótese que en el año 2017 se le otorgó un año completo con goce de salario y en el 2018 para irradiación de la procesal civil en la Jurisdicción Agraria y en el 2019 propiamente para el Código Procesal Agrario. Pese a que la reforma procesal agraria fue publicada en La Gaceta el 27 de febrero del 2019, había sido aprobada por la Asamblea meses antes, y evidentemente esos dos años que se concedieron con goce de salario para el mejoramiento de la Jurisdicción Agraria, debieron utilizarse para prevenir todas estas falencias y atenderlas oportunamente”, indicaron.
Incluso, señalaron como ejemplo que se concedieron a Vargas Vásquez dos años con permiso para el impacto de la Reforma Procesal Civil y Laboral en el proceso agrario, “a la fecha no se cuenta con algo tan básico en los despachos como son las plantillas de gestión de los procesos civiles, pese a múltiples gestiones de los jueces agrarios”.
La mayoría de estas observaciones surgieron luego de la presentación del cuarto informe, el 8 de noviembre pasado, suscrito por Vargas Vásquez y aprobado por el magistrado Luis Guillermo Rivas.
Tanto Ulate como Rodríguez proponen al Consejo Superior la conformación de un nuevo equipo de implementación del Código Procesal Agrario para que se dedique a tiempo completo, por tres meses, al abordaje de los temas neurálgicos. Estas tres personas sustituirían a la actual coordinadora, Vargas Vásquez.
Además, indican que se le solicitó a la candidata a magistrada una explicación de las razones por las cuales, “pese a contar un permiso a tiempo completo, no concretó los ‘entregables’ más importantes y piden que se ejecute una auditoría completa sobre sus labores.
En julio pasado, el diputado socialcristiano Rodolfo Peña Flores, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debió abstenerse de participar en la evaluación que hizo la Comisión de Nombramientos del Congreso de la jueza Damaris Vargas Vásquez, candidata a magistrada de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, ante la presunta cercanía que existe entre ambos.
Peña Flores negó en todo momento la relación con Vargas, pero un documento publicado por el Semanario Universidad revela que la jueza admitió haber tenido una relación de noviazgo con el diputado del PUSC, quien además forma parte de la Comisión.
Vargas alcanzó la nota más alta (71%) de los 15 postulantes al cargo, en la evaluación de atestados, sin embargo, ninguno alcanzó el mínimo requerido por la metodología aprobada (75%) para pasar.
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