Vecino denuncia obstáculos en aceras pese a reglamento vigente
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- A
pesar de contar con un reglamento cantonal que regula la movilidad peatonal y
la accesibilidad en aceras, la realidad en algunas zonas del cantón parece
distar mucho de lo que establece la normativa.
Luis
Eduardo Fernández Picado, vecino de Calle Blancos y licenciado en
Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica, expuso en redes
sociales una preocupante situación de accesibilidad en una zona cercana al
Parque Santiago Jara de Guadalupe. En su publicación, Fernández denuncia que,
tan solo 125 metros al oeste de la esquina suroeste del parque, existen al
menos cinco obstáculos en menos de un metro de acera.
Los
obstáculos incluyen un poste de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),
una señal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), un mobiliario
urbano colocado por un particular, y un desagüe deteriorado que representa un
riesgo para peatones, cuya responsabilidad recae tanto en la Municipalidad como
en el propietario de la propiedad colindante.
A
esto se suma la diferencia en el nivel de las aceras según cada propietario, lo
que representa una barrera arquitectónica constante para personas con
discapacidad, adultos mayores o cualquier ciudadano que transite a pie. “Es un
contundente ejemplo de la falta de respeto y compromiso con la accesibilidad
peatonal y una mágica coordinación entre actores públicos y privados para crear
obstáculos”, señaló Fernández Picado.
No
obstante, Goicoechea cuenta desde noviembre de 2022 con un instrumento legal
para corregir estas situaciones. Se trata del “Reglamento de Movilidad Peatonal
y Aceras del cantón de Goicoechea”, aprobado por unanimidad en Sesión
Extraordinaria 23-2022 del Concejo Municipal. El reglamento establece
obligaciones claras tanto para la Municipalidad como para propietarios de
inmuebles y negocios, en cuanto al diseño, construcción y mantenimiento de
aceras.
Además, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) tiene facultades legales para fiscalizar y exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y sus resoluciones son vinculantes en caso de incumplimiento.
La
denuncia del vecino pone en evidencia que, aunque las normas existen, su
cumplimiento sigue siendo irregular. “La accesibilidad no puede ser un
espejismo, debe ser un derecho garantizado por acción municipal y la
cooperación de los actores privados”, concluyó Fernández.
¿Será
momento de que las autoridades municipales intensifiquen la fiscalización y
hagan valer el reglamento? Mientras tanto, para muchas personas, caminar por su
comunidad sigue siendo una carrera de obstáculos.
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